Seis expertos asesoran a la representación canaria en las reuniones para la delimitación de aguas con Marruecos

El portavoz del Ejecutivo canario, Julio Pérez, ha dicho este jueves que, tras las primeras reuniones del grupo de trabajo con el Gobierno de Marruecos para abordar la delimitación de las aguas atlánticas, no hay fecha para un segundo encuentro, y ha indicado que seis expertos asesoran a la representación canaria.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, Julio Pérez ha recordado en rueda de prensa que se ha reactivado el grupo de trabajo para la delimitación de los espacios marítimos en la fachada atlántica, con el objetivo de llegar a acuerdos. Ha hecho hincapié en que este grupo se creó hace 15 años y Canarias estuvo en una de las reuniones, de las que no hay documentos, y ha añadido que tras ese periodo de tiempo sin contactos, incluso con dificultades de comunicación, el jueves se produjo un nuevo encuentro.

Julio Pérez ha explicado que todavía no se puede hablar de negociaciones, y sí de contactos preliminares, de forma que en una reunión han participado representantes de varios ministerios españoles, y en otro encuentro miembros del gobierno marroquí y del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. En el segundo caso han participado “solamente” dos directores generales para acciones como fijar la agenda, la metodología y un cierto calendario, “pero no se han concretado fechas” para la próxima reunión, ha dicho el portavoz.

El también consejero de Administraciones Públicas ha dicho que de la primera reunión salió con la impresión de que eran escuchados, y en la segunda por parte de Marruecos se hizo una declaración de materias que quiere que sean objeto de la próxima reunión, y se insistió en la necesidad de llegar a acuerdos, “algo que no ocurrió en la etapa anterior”.

En cuanto a las materias abordadas ha señalado que se habló de la delimitación de la mediana, pero para ello hay que determinar antes cómo se fija, y para ello hay dos principios, uno el de equidistancia, que significa establecer una línea por la mitad entre las costas de los dos estados. Pero puede sustituirse por un principio de equidad, algo que cada vez admiten más los tribunales, ha recordado Pérez, quien ha apuntado que también se ha hablado de algo que no es objeto de esta comisión, y que se refiere a la plataforma submarina que prolongaría hasta 350 millas los derechos de España y Canarias, hacia el oeste, pero de está pendiente de una decisión de la ONU.

El portavoz ha declarado que las declaraciones tienen una parte deliberante, en la que se expresan propuestas que pueden no ser definitivas, por lo que si se estarán durante meses hablado habrá diversos puntos de vista que cambiarán, y por ello no se puede transmitir en directo la deliberación, porque probablemente se pondrían en peligro los avances.

Julio Pérez ha subrayado que lo importante es disponer de buenos argumentos y para ello se cuenta con el apoyo del profesor de Derecho Constitucional y letrado del Parlamento canario,José Miguel Ruano, quien tiene experiencia en la redacción de textos legales, sobre todo el Estatuto de Autonomía.

El grupo de apoyo al consejero y a José Miguel Ruano lo forman el magistrado Ángel Llorente Fernández de la Reguera; el jefe de servicio de la Consejería de Obras Públicas Victoriano Díaz Sánchez; la jefa de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, Isabel Puga; el catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria José Mangas; la secretaria general técnica de la Consejería de Administraciones Públicas, Adela Altamirano, y Eloy Ruiloba, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Málaga y autor de numerosas publicaciones sobre límites de espacios marítimos.

Personas éstas que trabajan para proveer de documentos tanto jurídicos como geológicos o administrativos para poder presentar propuestas.

Julio Pérez ha manifestado que lo que se pretende es, pensando en las relaciones con los países vecinos del norte de África, pasar de una situación de hecho, en la que los países se mueves dentro de espacios territoriales que sin duda son suyos, pues nadie ha producido una invasión de aguas que se pueda entender que son de otro Estado. Pero, ha agregado, lo que se necesita es convertir eso en una situación jurídicamente estable y solida, y también que se conozcan, ejerzan y respeten, “no porque se hayan agredido”, los derechos y las competencias que el Estatuto de Autonomía atribuye a Canarias.

Ha insistido en que si bien la política exterior es competencia del gobierno central, la comunidad autónoma quiere hacer efectivas sus competencias del Estatuto de Autonomía, si bien ha reconocido que hasta ahora no ha habido problema alguno.