Comisiones Obreras denuncia a Hazte Oír por instar a los padres a que exijan a los colegios autorización para que sus hijos reciban charlas LGTBI

Comisiones Obreras ha denunciado este viernes a la asociación HazteOir por supuestos actos de “intolerancia” y de “incitación al odio”, por haber instado a los padres a que exijan a los colegios que soliciten su autorización para que sus hijos reciban charlas de colectivos LGTBI.

En rueda de prensa, la Federación de Enseñanza del sindicato ha criticado la campaña Mis hijos, mi decisión, con la que HazteOir dice querer “proteger” a los niños del “adoctrinamiento en ideología de género” en las escuelas.

El sindicato denuncia que esa asociación de “extrema derecha” ha hecho llegar a 20.000 centros educativos de toda España, también en Canarias, cartas en las que insta a los padres y madres a utilizar el “PIN parental”, de forma que sus hijos no reciban charlas de colectivos LGTBI, ha afirmado el secretario general de la Federación de Enseñanza en las islas, José Ramón Barroso.

El “PIN parental”, ha explicado Barroso, no es otra cosa que una solicitud de información previa y de consentimiento expreso para la información de contenido afectivo-sexual impartida en horario escolar, lo que ha sido percibido por el sindicato como “una provocación a la intolerancia, al odio y a la discriminación”.

Para el dirigente sindical, esta campaña no solo “vulnera” varias leyes educativas, como la LOE o la Ley Canaria de la Educación, sino que “atenta” contra los derechos fundamentales de las personas e “incumple” el memorándum de la Comisión Europea contra el racismo y la intolerancia.

“El colectivo LGTBI ha luchado mucho años por unos derechos que ahora se pretenden vulnerar. Bastante ha costado avanzar en España como para que ahora se pueda retroceder con este tipo de medidas”, ha remarcado el sindicalista.

La Federación de Enseñanza ha anunciado que ya ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, con el fin de que estudie las actuaciones emprendidas por la asociación, ya que considera que podría constituir “un delito de odio, tipificado en el artículo 510 de nuestro Código Penal”, ha explicado Barroso.

Asimismo ha pedido a la consejera de Educación del Gobierno canario, María José Guerra (PSOE), la retirada “inmediata” de dichos materiales, y que remita resoluciones o circulares con instrucciones “claras”, “concretas” y “contundentes”, tanto a los centros educativos como al personal docente, para “neutralizar” las intenciones de HazteOír y “que estos puedan actuar consecuentemente”.

“Queremos que esta campaña, al menos en Canarias, no afecte al normal desarrollo de las clases y la labor docente, y que el alumnado pueda continuar su formación docente en materias tan importantes como la orientación sexual y la identidad de género”, ha mantenido Barroso.

De igual manera, el sindicato ha adelantado que también solicitará a la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia que remita el requerimiento al Gobierno español para que legisle la protección de la educación en los principios de igualdad, no discriminación y tolerancia, y para que persiga este tipo de actuaciones.

De acuerdo con Barroso, los centros que se caracterizan por tener unos proyectos y programas de educación afectivo-sexual “potentes e importantes” son catalogados por la asociación como “inadecuados” o “pocos deseables para las familias”.

La asociación cuenta con un registro de centros en su página web, entre los que figuran, “al menos”, 17 de Canarias, la mayoría situados en Gran Canaria y Tenerife. “Es gravísimo”, añade el portavoz.

Por todo ello, el sindicato ha exigido una ley de protección de las personas LGTBI en el ámbito educativo y una protección del ordenamiento jurídico ante actos “provocadores” e “incitadores” a la intolerancia.

Además, insta al Ejecutivo autonómico a que declare “la ilegalidad” de los actos llevados a cabo por HazteOír, a la vez que solicita a la Administración educativa que ofrezca, “ante estas medidas coactivas”, la seguridad jurídica necesaria a los cuerpos docentes, equipos directivos, madres y padres.

“Queremos que tanto el Gobierno de Canarias como la Consejería de Educación sean contundentes y corten de raíz esta campaña, haciendo ver a los centros cómo tienen actuar en este tipo de condiciones”, ha concluido José Ramón Barroso.