Condena al Ayuntamiento de SCTF por aprovecharse de becarios
La sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido una sentencia firme por medio de la cual obliga al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a abonar 175.000 euros a cinco becarios que prestaron sus servicios en el Archivo municipal durante el año 2008.
Los estudiantes fueron contratados a través de la fundación Fórum Universidad Empresa para realizar los trabajos de digitalización que en teoría habían sido adjudicados años antes a otra compañía. Un informe de Inspección de Trabajo ratificó que los estudiantes estaban siendo utilizados para desempeñar también otras labores y que el Ayuntamiento eludió el pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social.
El fallo obliga a la Corporación local a desembolsar 3.500 euros de indemnización a cuatro de ellos y 1.500 a otro más debido a que estuvo tan sólo seis meses trabajando. Pero sobre todo apunta que el Ayuntamiento tendrá que abonarles igualmente más de 30.000 euros por becario en concepto de sueldos de tramitación. Esta sentencia supone una nueva vuelta de tuerca en el conocido como caso archivo.
En el año 2005 una Junta de Gobierno adjudicó la contratación del servicio de digitalización del Archivo Municipal con el fin de que pudieran ser consultadas vía web “y se pueda tener acceso a la documentación histórica que más se demanda por parte de los investigadores”. De esta manera se adjudicó este servicio, primero, a una empresa por 265.000 euros; y, luego, se contrató a personal interino, por mucho menos dinero, para hacer el mismo trabajo, que la empresa no había ejecutado.
Entonces se nombró la correspondiente comisión de investigación, que poco más tarde ratificó que el contrato fue irregular hasta el punto de que ni siquiera puntualizaba debidamente su alcance y objeto. En 2007 el responsable del archivo, Febe Fariña Pestano, propuso la firma de este convenio con la Universidad. “El arduo trabajo de descripción e indexación de los libros de actas de plenos, que tienen una extensión cronológica que va desde 1972 hasta 2005, exige el empleo de personal con dedicación exclusiva a este menester. A través de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación se puede dotar por parte del Ayuntamiento de becas formativas de inserción laboral destinada a titulados de la Universidad de la Laguna, que con los perfiles que se establezcan desde el archivo municipal puedan realizar satisfactoriamente el trabajo anteriormente reseñado. Dado el carácter formativo de las becas, estas no implican relación laboral contractual de ningún tipo con la entidad que las concede, ya que las becas no requieren cotizar a la Seguridad Social”. Tal y como se informó en su momento la empresa percibió más de 100.000 euros para contratar a dos especialistas que se encargaran de realizar estas labores, aunque finalmente tuvieron que llevarlas a cabo los cinco becarios por un total de 40.000 euros.
Los tribunales han sentenciado que los despidos fueron improcedentes e incluso en primera instancia se daba la posibilidad al Ayuntamiento de que optara por reamitirlos, lo que en principio parece descartado. Tal y como se recoge en el acta levantada durante la inspección de trabajo “la finalidad formativa de la beca no se contempla ni se tiene en cuenta ni en la fase de concepción y creación de las becas ni durante el desarrollo de las mismas, encontrándose esta finalidad subordinada a las necesidades e intereses de la empresa”.
Asímismo se consideró probado que el Ayuntamiento obtuvo “un evidente beneficio económico con la incorporación de los becarios, al evitar los costes de contratación del personal necesario para el desarrollo de las tareas del Archivo Municipal”. Este informe refleja que se ha “incumplido el deber de la empresa de comunicar el alta de los trabajadores con carácter previo al inicio de la prestación de servicios y cotizar por los mismos”.
