El Congreso aprueba la nueva Ley de Costas
La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la reforma presentada por el Gobierno a la Ley de Costas de 1988, con el apoyo del PP, la abstención de CiU, y el voto en contra de PSOE, IU-ICV-CHA, UPyD, PNV, BNG y Compromís-Equo. La norma será enviada al Senado para continuar con la segunda fase de su trámite parlamentario.
La portavoz parlamentaria de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha criticado al Gobierno por “legislar sin entender ni tener en cuenta las necesidades Canarias”. Según Oramas, la reforma ignora las peculiaridades de las Islas. “El PP incumple todas sus promesas con los afectados. Dice una cosa y vota otra”, ha publicado en su cuenta oficial de Twitter.
De las 145 enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios al texto del Gobierno, el PP ha aceptado dos de CiU de carácter técnico, así como otras seis pactadas con los grupos parlamentarios, todas ellas de carácter técnico.
La reforma incluye, entre otras novedades, una nueva concesión de 35 años para los puertos deportivos, o el hecho de que el Estado recupere la competencia a la hora de conceder una prórroga a las industrias situadas en el litoral, que antes pertenecía a las comunidades autónomas. Eso sí, se establece que, a la hora de conceder una autorización urbanística, en el caso de las obras o instalaciones que afecten a la servidumbre de tránsito se requerirá que, con carácter previo, la Administración del Estado emita un informe favorable en el que conste que la servidumbre de tránsito queda garantizada.
La nueva normativa define el alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y aplica criterios técnicos para deslindar la costa, además de introducir un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural), para las que impondrá un nivel de protección mayor al vigente.
Así, se establece que la zona marítimo-terrestre se fijará hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos a partir de los criterios técnicos que se establezcan. Se especifica que los terrenos inundados artificialmente no pasarán a ser dominio público, salvo que antes de la inundación ya fueran bienes demaniales, con la precisión de que en cualquier caso formarán parte del dominio público cuando sean navegables.
Greenpeace rechaza la reforma
La organización ecologista Greenpeace ha denunciado la actitud del PP que “tras rechazar todas las enmiendas parciales con contenido medioambiental ha aprobado una serie de ellas encaminadas a desproteger aún más el litoral”. Greenpeace destaca, entre ellas, la aprobación de todas las presentadas por los propios populares y algunas de CiU que abren la puerta a la construcción de más puertos deportivos y más hoteles como el Vela (en el del puerto de Barcelona).
Además también ha sido aprobada una enmienda del PNV que permitirá consolidar a la industria pesada que ha destruido parte del litoral vasco. También permite que se consolide las construcciones amparadas por todos los paseos marítimos, los contruídos por el Estado y las autonomías.
Por otro lado, para la organización ecologista es preocupante el anuncio que ha realizado el Partido Popular de “una nueva batería de enmiendas en el Senado”, que pueden abrir la puerta a nuevas urbanizaciones y a mermar el uso público del litoral.
