Convenio para la coordinación de medios en la Administración de Justicia
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, han suscrito este sábado en la capital grancanaria un convenio de colaboración, por el que se crea la Comisión Mixta entre el Gobierno de Canarias y los secretarios judiciales en materia de medios materiales y humanos al servicio de la modernización de la Administración de Justicia en el Archipiélago.
Esta Comisión Mixta se constituye para la coordinación de funciones que, en materia de medios materiales y personales, tiene encomendadas el Ejecutivo regional con las funciones que corresponden a los secretarios judiciales en el ámbito de sus competencias y en su calidad de directores de la Oficina Judicial.
Caamaño resaltó que el objetivo de dicho acuerdo es “alcanzar la modernización del sistema de justicia, que supone transformación, inversión y mecanismos de colaboración y trabajo conjunto para hacer las cosas” en la búsqueda de la “mayor eficiencia y sinergia en beneficio de los ciudadanos”.
Ello especialmente ante “los retos inmediatos” como la aprobación de las leyes procesales que permiten la articulación de la nueva Oficina Judicial, explicó el titular de Justicia, que resaltó que este instrumento “es un cambio fundamental en la organización de los tribunales de justicia”, además del compromiso asumido en Conferencia Sectorial de “intensificar los gestores procesales para que todos los tribunales de España puedan trabajar en tiempo real y en red”.
El papel de los secretarios judiciales
En este sentido, destacó que como consecuencia de la reforma procesal y de organización de la Administración de Justicia los secretarios judiciales “asumen un papel muy importante en el despliegue de la nueva Oficina Judicial”, al asumir “un protagonismo especial en la tramitación de recursos e infraestructuras”.
Al entender de Caamaño, “convenios como éste son una muestra clara de cómo trabajar en común y llevar adelante con racionalidad y entendimiento entre las administraciones la transformación del sistema de justicia”.
En los mismos términos se expresó el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Ejecutivo regional, José Miguel Ruano, que recordó que Canarias es una de las 11 comunidades autónomas que tiene transferidas las competencias en la gestión de medios materiales y personales, edificios y nuevas tecnologías.
Igualmente, calificó de “esperanza” la hoja de ruta fijada por el Ministerio de Justicia “en torno a la modernización de la justicia en España”, así como reiteró que “la reciente reforma de la ley orgánica del poder judicial en torno a la nueva oficina judicial constituye un reto importante”, en el que reiteró la importancia de los secretarios judiciales para su implementación.
Admitió que surgirán “problemas” para poner en marcha la Oficina Judicial en las Islas, pero abogó por “trabajar juntos con el Ministerio de Justicia”.
Decisiones en la Conferencia Sectorial
Asimismo, Ruano informó de que en la próxima Conferencia Sectorial espera que se perfilen “algunas cuestiones importantes para el nuevo modelo y tomar decisiones que sirvan a la puesta en marcha de forma efectiva de la nueva oficina judicial, así como lograr acuerdos en la organización de recursos humanos y materiales de forma eficaz”.
El consejero eludió concretar cuántos órganos judiciales reclamará para el archipiélago para el próximo año y recordó que desde 2005 se han creado 45 nuevas unidades judiciales en las islas.
Además, indicó que el crecimiento en el número de delitos en esta Comunidad Autónoma se sitúa en una media del 5,5 por ciento y en la provincia de Las Palmas ha aumentado un 8 por ciento, aunque no quiso “transmitir ninguna sensación de alarma”.
Funciones de la Comisión Mixta
En virtud del acuerdo suscrito este sábado entre el Ejecutivo central y el regional, entre sus atribuciones, la Comisión Mixta creada podrá colaborar en cualquier actuación que, para la gestión y organización de los medios personales y provisión de medios materiales y económicos, lleve a cabo la Consejería, siempre que afecte al desempeño de las funciones de los secretarios judiciales en su calidad de directores de la Oficina Judicial.
También podrá informar, con carácter previo, sobre los planes y programas de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, relativos a la informatización que incidan directamente en la organización de la Oficina Judicial y en su labor de dirección del secretario judicial.
La Comisión podrá informar, además, sobre cuantas materias le sometan los órganos de la Consejería, remitiéndole las propuestas y recomendaciones que en tales materias consideren pertinentes, así como proponer a este departamento autonómico contenidos sobre programas de formación dirigidos al personal del servicio de la Administración de Justicia y a los secretarios judiciales con destino en la Comunidad Autónoma.
