Cronología de los tres intentos de desahucio sobre una familia con seis menores en Gran Canaria

Raquel y Moisés, padres de seis hijos, comenzaron a vivir serias dificultades entre 2019 y 2020, justo antes de la declaración oficial de la pandemia. Por entonces, ambos mantenían el pago de la hipoteca con el banco Caixabank de su vivienda familiar, adquirida en 2006, hasta que Raquel perdió su empleo y la familia pasó a subsistir solo con el paro y la prestación por incapacidad absoluta de Moisés.

En declaraciones a este periódico Moisés explicó que aquella nueva situación económica le llevó a solicitar a La Caja de Canarias (hoy Caixabank) una renegociación del pago de la hipoteca, que se adaptara a la nueva situación económica de la familia numerosa. Caixabank, banco cuya deuda ha sido sufragada por un 15% de dinero público, es decir, de todos los españoles y españolas, es decir, también de Moisés y Raquel, lejos de ofrecer a la pareja el código de buenas prácticas que contempla situaciones de impago de deuda de familias en riesgo de exclusión social, les dijo que no podía hacerse esa reducción de pago.

Ante la imposibilidad de asumir los pagos, Moisés optó por cambiar el tipo de incapacidad de absoluta, a la que tenía derecho, a total, para así compaginar la prestación con un empleo como reponedor en un supermercado, obteniendo ingresos extra y logrando estabilidad laboral. Cuando le concedieron el contrato fijo, Moisés intento obtener un préstamo personal que le permitiera saldar la deuda hipotecaria acumulada durante meses de impago, pero en ese momento el banco le informó que “ya no debía nada”: la vivienda había sido vendida silenciosamente a un fondo de inversión, Yellowstone Designated Activity Company, sin que la familia recibiera notificación alguna.

Tras la venta de la vivienda, el fondo de inversión inició un procedimiento judicial de lanzamiento, que recayó en el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Telde. A pesar de los intentos de la abogada Isabel Saavedra y la plataforma Derecho al Techo por frenar el desalojo, el juzgado desestimó el recurso, sin haber solicitado previamente el informe de vulnerabilidad social, “vulnerando así la tutela judicial efectiva y la protección de la infancia”, en palabras de la defensa de la familia.

Ya en el mes de mayo, Saavedra solicita al Juzgado una anulación del lanzamiento por Incidente de vulnerabilidad, convencida de que le será otorgada a la familia. Es tras esa negativa donde comienza el periplo de Moisés, Raquel y su familia.

La situación del desahucio afectaba a los ocho miembros de la familia, seis menores entre tres y catorce años. Durante el proceso, la familia contó con apoyo vecinal y de asociaciones como Recreándome.

Este primer lanzamiento se consigue parar el 10 de septiembre de 2025, por la presión social ejercida por la plataforma Derecho al Techo, pero unos meses después, el 6 de noviembre, Derecho al Techo recibe aviso de la familia de que tienen nueva orden judicial de lanzamiento hipotecario fijado para el jueves 13. Comenzó entonces una carrera contrarreloj de la abogada de la familia, volvió a pedir al juez Juan José Hermo que reconsiderara el informe de vulnerabilidad social aportado por el Gobierno de Canarias, previa comunicación con el Ayuntamiento de Ingenio, que se tuviera en cuenta el convenio firmado entre el TSJC, Fecam y Gobierno de Canarias para llevar a cabo acciones coordinadas en el caso de amenaza de desahucios, especialemnte, a familias vulnerables.

La letrada también presentó en el transcurso de esa semana un escrito de nulidad urgenteque fue rechazado, que se tuviera en cuenta que debería primar el interés de los menores que residían en la casa o las medidas prorrogadas desde el Escudo Social puesto en marcha por el Gobierno central en la pandemia, pero lo que detuvo la segunda amenaza de desahucio fue la tormenta Claudia, por la que el Gobierno de Canarias decretó suspenso de clases, no pudiendo quedar seis niños sin un techo.

Tan solo dos días después de la tormenta, una nueva fecha de ejecución de desalojo para el miércoles 19 de noviembre (una semana después). Desde la plataforma Derecho al Techo se preparaban ya para acompañar a la familia en el triste desenlace de una agonía agotadora este miércoles, pero en un giro de los acontecimientos, y tras una decena de escritos presentados por la defensa, una comunicación oficial del TSJC confirmaba este martes que el Juzgado dará más tiempo a Visocan, dependiente del Gobierno de Canarias, para encontrar a una familia de ocho miembros una vivienda con alternativa habitacional.

Desde este periódico también nos pusimos en contacto con el concejal de Servicios Sociales y Vivienda del Ayuntamiento de Ingenio, Lucrecio Suárez, quién aseguró que desde su área están trabajando conjuntamente con el ICAVI y Visocan. El edil asegura que están “buscando una solución habitacional con los recursos públicos disponibles y con recursos privados”. En declaraciones a los medios se refiere a los fondos buitre “que son insensibles a todo con su avaricia despiadada”. El concejal señala que el mercado de la vivienda “ya no construye viviendas pensadas para familias numerosas”, lo que complica la situación de Moisés y Raquel y se le añurga la voz, tras lo que están siendo, asegura, días sin dormir “pensando plan a, b y c”.

Desde la plataforma Derecho al Techo celebran el aplazamiento del lanzamiento y lo considera “un respiro imprescindible en la defensa de su hogar y su derecho a una vivienda digna”.

Ponen en valor el difícil papel jugado por Moisés y su familia, “cuya resistencia, determinación y dignidad” han sido fundamentales para frenar este lanzamiento. “Esta lucha demuestra que cuando el pueblo se organiza, se asesora y reciben apoyo comunitario, la injusticia retrocede”, afirman.

Destacan también la defensa jurídica de la familia y las capacidades de lucha de la propia plataforma. “Agradecemos también a todas las personas, vecinas, activistas y colectivos que se han movilizado, acompañando, informando y sosteniendo a la familia durante estos meses de incertidumbre”.