Demanda ejecutiva por un millón de euros contra Carenzio
Giovanni Carenzio, el reputado comisionista italiano ausente de Gran Canaria desde octubre pasado, se enfrenta desde su presunto exilio napolitano a otros dos procesos judiciales que implican directamente a su esposa, María Dolores Inés Molina de Aguilar, esta vez por dos demandas ejecutivas en sendos juzgados de la capital grancanaria que han provocado la apertura de los correspondientes juicios cambiarios contra el broker y su mujer.
Este tercer caso judicializado contra Carenzio y Molina de Aguilar sobrepasa el millón de euros entre cantidades reclamadas de principal, intereses y costas, y ha sido ejercido mediante demanda ejecutiva por un constructor que depositó su confianza en las gestiones multiplicadoras del intermediario, cuyos pufos han alcanzado a lo más rancio del abolengo canario.
Los procedimientos judiciales abiertos contra Carenzio y Molina de Aguilar se deben a la existencia de dos pagarés firmados por ambos, uno con la rúbrica del italiano por valor de 664.136,99 euros, cuyo impago se sustancia ya en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Las Palmas de Gran Canaria como juicio cambiario 1736 / 11, y otro, firmado por María Dolores Inés Molina de Aguilar, de 141.889,38 euros, que se encuentra bajo custodia de Primera Instancia 6 de LPGC en el juicio cambiario 1682 / 11.
En el primer caso, los intereses y costas de la demanda ejecutiva del pagaré de 664.136,99 euros podrían ascender a unos 220.000 euros, mientras que en el segundo la cifra a pagar por la esposa de Giovanni Carenzio, aparte del principal de 141.889,38 euros, podría ser de 42.500 euros más, según los autores de ambas demandas ejecutivas.
Estas iniciativas ante la justicia en Canarias se suman a las emprendidas por otro conocido acreedor del broker italiano, que en enero pasado anunciaba la interposición de una querella contra Carenzio después de no presentarse el broker en Primera Instancia 12 por una demanda de cantidades que ascendía a 300.000 euros. La misma ya ha sido presentada recientemente ante el Decanato, para su reparto entre los juzgados de instrucción, según publicó La Provincia hace unos días.
También en Tenerife, dos familias representadas por el abogado Eligio Hernández han llevado el caso tanto a la Fiscalía como a la Jefatura Superior de Policía, en busca de un efecto llamada que haga aflorar a más acreedores del intermediario emparentado con la alta burguesía isleña, cuyo paradero -en Nápoles se presenta como “abogado Carenzio”- y artimañas para esquivar a acreedores empiezan a convertirse en guión de película también rancia.
Aparte de las demandas ejecutivas por los pagarés firmados, que se encuentra todavía en la primera fase de notificación a los demandados, el demandante busca a través de su representación legal a otros acreedores que puedan sumarse a una futura querella criminal contra Carenzio y esposa, también imputados por fraude fiscal de unos ocho millones de euros en otro proceso abierto a instancias de la Agencia Tributaria, según publicó en su día Canarias 7, y que instruye el juzgado número 1 de Las Palmas de Gran Canaria.
