El denunciante de Curbelo construyó otra obra ilegal
El promotor Antonio Pérez, implicado en la trama telaraña como denunciante de presuntas irregularidades de Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, no sólo cuenta en su haber con una condena de dos años de prisión por delito ecológico, sino que también ha promovido urbanizaciones de manera ilegal en San Sebastián de La Gomera, con la consiguiente multa y orden de derribo aún no ejecutada a pesar de haber transcurrido casi una década.
El conocido médico cirujano palmero radicado en San Sebastián fue demandado por la Dirección General de Disciplina Urbanística del Gobierno de Canarias por realizar una obra sin licencia municipal y contra las Normas Subsidiarias del municipio en 1998, año en el que se le impuso una multa de 21.060.000 de las antiguas pesetas (126.573,15 euros actuales) correspondiente al 75% del valor de la obra ejecutada.
La edificación se levantó en una de las zonas de mayor proyección urbanística de la capital gomera, junto a la urbanización de elite Mari Teide, concretamente en las inmediaciones del Faro en un área conocida como El Lidiazo.
La promotora de Antonio Pérez construyó de manera ilegal una primera planta de 450 metros cuadrados y una segunda de otros 200 metros cuadrados destinados a apartamentos, cuando inicialmente la obra prevista contemplaba una licencia concedida en marzo de 1984 para una única vivienda unifamiliar.
Al final, lo que finalmente se ejecutó fue un conjunto de dúplex con unas 16 viviendas, obra de la que Disciplina Urbanística ordenó su derribo el 2 de julio de 2007, y que desde entonces se ha empantanado en los tribunales hasta llegar al Supremo debido a los diferentes recursos presentados por el promotor multado.
La edificación sigue en la actualidad en pie, a pesar de que desde el 17 de junio de 2005, Antonio Pérez realizara un ingreso de 126.573,15 euros en una oficina de CajaCanarias de San Sebastián “para asegurar las obligaciones económicas derivadas” de los autos de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC que le condenaban como autor de otra infracción urbanística.
Es más, desde 2010, tanto el Ayuntamiento de San Sebastián como la actual propietaria del inmueble, la exesposa del médico denunciado por el Gobierno, han solicitado información sobre el estado actual del expediente, interesándose por conseguir una “certificación donde conste su archivo de la posible legalización según diversos obrantes en el mismo”.
