Un duro escrito de CCOO alerta del “descontrol” con los expedientes de Dependencia en Canarias, “pésima gestión” y estrés laboral

“Descontrol, desorganización y ralentización en la tramitación de expedientes”. Es la denuncia que realiza el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) sobre la gestión de la Dependencia en Canarias. En el escrito registrado este mismo jueves y dirigido a la Consejería de Bienestar Social se recoge que los hechos que denuncian “atentan no solo a los trabajadores y trabajadoras sino contra el mismo sistema de atención de la Dependencia en Canarias”.

El sindicato recuerda que, por primera vez, desde febrero de 2024 los representantes sindicales de ambas provincias llevan denunciando “la situación de caos por las órdenes de la actual directora, Concepción Ramírez”. Una cuestión que denuncia que sus superiores jerárquicos han “tolerado” haciendo “caso omiso” de los escritos, recomendaciones y quejas comunicadas tanto por vía interna como mediática.

En el escrito, firmado por el portavoz de la sección sindical de CCOO, Francisco Barrios, se señala que “el personal técnico-administrativo experto” ha comunicado “hasta el hastío” que los problemas de la Dependencia en Canarias pasan por “la adecuada dotación de recursos asistenciales para el dependiente”, algo que creen que actualmente es “precaria” y “sumamente dependiente del sector privado”. También insisten en la necesidad de aumentar el personal estructural dentro de la Dirección General y una “correcta coordinación” de competencias con el resto de entidades públicas.

El sindicato acusa a la dirección general de modificar bajo “órdenes no negociadas” todos los mecanismos o herramientas que estaban generando “óptimos resultados” en los últimos años, implantando un sistema “nefasto y burdo” que está generando “descontrol, desorganización y ralentización”. Todo ello, apunta que conlleva a una situación de “estrés y ansiedad laboral constante”, que “entorpece muy gravemente las funciones de su personal y ralentiza el sistema de reconocimiento de la situación de dependencia en Canarias”. 

La fuerza sindical subraya que el trabajo que se ha acumulado en Dependencia es consecuencia “de la gestión del actual grupo de Gobierno (Coalición Canaria) en los primeros 12 años de implantación del sistema”. Por ello, CCOO considera “improcedente e incluso banal achacar culpas y deficiencias del sistema a terceros ni hacia su propio personal”.

CCOO denuncia “presiones” a algunos técnicos de valoración de la Dependencia “fuera de su jornada laboral” e “incluso de baja”. Así mismo, afirman desde el sindicato que se están produciendo incidencias dispares debido a la gestión de las citas por el 012 y que esto ha ocasionado que “compañeros y compañeras acumulen expedientes de manera muy dispar” y que se impide “de manera incomprensible” al personal a disponer de días extra en sus centros de trabajo para pasar las valoraciones con incidencias.

“A causa de ello, se ven obligados a acumular expedientes contra la presión de sus superiores jerárquicos o a cerrar dichas valoraciones en su tiempo libre o de baja, atentando de manera muy grave contra los derechos y obligaciones del propio personal y dañando notablemente el estado de salud física y mental de los trabajadores”.

CCOO también advierte en su escrito que el personal técnico le ha entregado documentos en los cuáles “se les fuerza a la entrega de valoraciones sin terminar” al equipo administrativo para su culminación. “Por nuestra parte hemos informado a las y los compañeras/os de que la entrega de valoraciones deben ser cerradas y firmadas, solo y exclusivamente por los técnicos, ya que se enmarcan dentro de sus funciones, y las posibles irregularidades y/o denuncias futuras de dichas valoraciones, recaen solo exclusivamente sobre ellos y no sobre la firma del dirigente político que este al cargo ni de terceros. Este hecho no puede ser tolerado y será denunciado de la manera debida”, apunta. 

Ese mismo sindicato denunció este verano que la directora acompaña a los domicilios de los usuarios a los profesionales que realizan las valoraciones para reconocer después el grado de dependencia. Se trata de una medida que desde la Consejería de Bienestar Social afirman que se realizó hace meses cuando se trabajaba en el decreto con el que se pretende agilizar los trámites. No obstante, el sindicato afirmaba que se habían producido acompañamientos recientes. Entonces, también alertaban de que ha contratado además a una empresa para evaluar “la satisfacción sobre la atención a las personas en situación de Dependencia” y uno de sus objetivos es “conseguir que la aplicación del baremo por el personal adscrito a este Centro Directivo sea de la máxima calidad, siempre en beneficio del usuario. Para alcanzar este objetivo es necesario realizar un servicio de encuestas para saber la respuesta de satisfacción o no del usuario”.

En el escrito remitido este jueves a la Consejería se volvía a alertar de este último punto. “Este hecho nos resulta no solo ofensivo sino denunciable... ya que atenta no solo directamente contra la función primordial del equipo técnico que es velar por la calidad de la valoración y verificar positiva/negativamente el trabajo de las/os valoradoras/es para su aprobación o corrección, sino que se está generando un gasto público innecesario e incomprensible con otra empresa privada”.

Por todo ello CCOO solicita que se corrijan esas “irregularidades” y “que se recuperen por completo las condiciones laborales favorables que el personal ha ido perdiendo a lo largo de la actual legislatura, así como la armonía de trabajo previo a la llegada de la actual Directora General”. 

“Recordamos a los dirigentes políticos y superiores jerárquicos, que esta sección sindical así como otras organizaciones sindicales y compañeras/os, han comunicado de manera activa durante todos estos meses, todas las incidencias e irregularidades dentro de la Dirección General de Dependencia, sin que hasta la fecha se haya recibido una contestación positiva ni negociada, ni realizado cambios favorables, infravalorando los mecanismos de defensa sindical y vulnerando los derechos de las/os trabajadoras/es, amparados bajo normativa estatal y autonómica”, apunta el escrito.

Este periódico ha intentado recabar la versión de la directora general sin que hasta el momento haya respondido. Desde la Consejería de Bienestar Social sí han respondido este jueves a otras preguntas de este periódico sobre la finalización del contrato del personal de refuerzo en Dependencia, como denunciaba el Observatorio de Derechos Sociales. Sobre ello han aclarado que el contrato alcanza el máximo legal de cuatro años y cuando culmine se pondrá en marcha otro.

Hace unos meses, los comités de empresa de ambas provincias pidieron el cese de la directora general. Además, el pasado viernes el comité de empresa de toda la Consejería alertó de “encomiendas de gestión sin control, seguimiento ni supervisión, la externalización de servicios y su creciente privatización”.