El Gobierno canario recurre el decreto de FP ante el Supremo
El Gobierno de Canarias recurrirá ante el Tribunal Supremo el decreto que desarrolla la formación profesional básica por razones “económicas, de género, de extralimitación de la ley e infracción del principio de interdicción de la arbitrariedad”, ha informado este martes la Consejería de Educación.
“La nulidad solicitada por el Ejecutivo autonómico se basa, entre otros aspectos, en la evidente insuficiencia del informe de impacto económico y presupuestario incluido en la memoria de la norma, ya que no tiene en cuenta todas las repercusiones económicas para el sector público de la disposición al no explicitar su incidencia real sobre el gasto público y omitir su referencia a la afección sobre la economía del país”, indica la Consejería en una nota.
El Gobierno canario menciona también en su recurso la insuficiencia del informe del impacto por razón de género, al que define como “carente de contenido frente a la situación de hombres y mujeres, ya que no contiene disposiciones específicas relacionadas con el género y su realidad social”.
Además, el Real Decreto del Gobierno “incurre en extralimitación de lo dispuesto en la ley que pretende desarrollar”, ya que establece la posibilidad de ampliar a tres cursos la duración de los ciclos de FP Básica para el caso de que se realicen a través de programas de FP Dual, como medio para poder alcanzar la totalidad de los resultados que se pretendan, en opinión del Gobierno canario.
“Esta previsión pone de manifiesto, por un lado que la FP Dual ralentiza el proceso de aprendizaje y, por otro, contradice lo dispuesto en el artículo 42.4 de la LOE (en su redacción introducida por la LOMCE)”, añade el Gobierno canario.
El recurso solicita la nulidad igualmente por la infracción de la norma del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos contenida en la Constitución Española.
Esta acción se suma al recurso de inconstitucionalidad presentado a principios de año por el Ejecutivo canario contra la LOMCE y que fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional el pasado mes de abril.
