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Siete empresas, en la carrera por el concurso de ambulancias

Acciona-Icot, Ambulancias Tenorio, Ambulancias Tacoronte, Tasisa, Iscan, Grupo SSG y Atlantic Emergency han presentado ofertas para prestar el servicio del transporte sanitario terrestre en, al menos, uno de los nueve lotes

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Ambulancia de transporte sanitario no urgente en las proximidades del Hospital Doctor Negrín

Ambulancia de transporte sanitario no urgente en las proximidades del Hospital Doctor Negrín Alejandro Ramos

Siete empresas han presentado ofertas al concurso de ambulancias en Canarias que, previsiblemente, renovará el procedimiento vigente desde 2008 -anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2012 y vencido desde 2015 (prórrogas incluidas)- y que provocó que el Gobierno regional de Coalición Canaria se viese obligado a ampliar la vida útil de los vehículos que estaban próximos a caducar según la normativa vigente.

El anterior Ejecutivo tuvo que emitir un decreto en 2012 para permitir que las ambulancias pudiesen circular diez años, en lugar de ocho, y, en 2019, repitió la operación con una resolución ‘in extremis’ para aumentar hasta los 12 años el periodo de antigüedad máxima. Mientras tanto, la administración autonómica ha sido incapaz de evitar las suspicacias en torno a un concurso en el que vuelven a estar encima de la mesa más de 400 millones de euros divididos en tres paquetes.

La empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad (GSC) en Canarias fijó la apertura del sobre económico número 2, que contiene las ofertas de las empresas licitadoras, para el pasado 10 de septiembre, después de suspender “por motivos de agenda” el mismo acto previsto para el 26 de agosto.

Acciona-Icot, Ambulancias Tenorio, Ambulancias Tacoronte, Tasisa, Iscan, Grupo Servicios Sociosanitarios Generales (SSG) y Atlantic Emergency han ofertado en, al menos, uno de los nueve lotes. En algunos casos, se han ofrecido hasta tres millones de euros por debajo del valor estimado en el presupuesto de licitación. Como en Tenerife, para la clase A2 (no urgente), donde las ofertas más bajas, de un total de cinco que han pujado, han sido las de Acciona-Icot, con 43.419.571 euros, o Tasisa (43.654.277), mientras que el presupuesto base de licitación ascendía a 46.940.083 euros.

Las mismas empresas han sido las que han presentado las ofertas más bajas para la misma categoría en Gran Canaria: Acciona-Icot ofreció 44.478.547 euros y Tasisa 44.718.972. El importe de base en esta zona asciende a 48.084.916 euros. 

En el caso de las ambulancias urgentes en las Islas capitalinas, son seis lotes, tres para Gran Canaria y otras tres para Tenerife. Las empresas que han ofertado más a la baja en la Isla redonda, aunque no de forma tan pronunciada, han sido: Ambulancias Tacoronte (17.557.714 euros, cuyo importe inicial es de 17.916.034 euros), Tasisa (13.799.124 euros, por el presupuesto base de 14.602.248) e Iscan ofertó 18.524.565 euros, mientras que el importe base es de 18.883.066 euros. En Tenerife, Tasisa ofertó 15.063.201 euros, mientras que el presupuesto base de licitación es de 15.939.895 y Acciona-Icot, 916.695 euros menos.

Y en las islas no capitalinas, nuevamente Acciona-Icot ha sido la entidad que menos cantidad ha puesto en los lotes en los que se presentó, tanto para La Palma (1.389.718 euros menos) como para La Gomera y El Hierro (2.435.630 euros por debajo del presupuesto base de licitación). Atlantic Emergency hizo la oferta más baja para La Gomera y El Hierro, único lote al que se presentó, con 15.874.830 euros, mientras que el importe inicial se fijó en 17.069.709 euros.

Un concurso recurrido y denunciado

Una de las empresas que no ha ofertado ha sido Aeromédica, principal contratista del concurso de 2008, que renunció al procedimiento después de presentar un recurso en febrero ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública porque estimaba que con el presupuesto de licitación era imposible cumplir los requisitos exigidos y el convenio colectivo del sector.

El sindicato UGT también presentó un recurso ante el mismo tribunal, esgrimiendo argumentos similares a los de la empresa y, además, especificando que se incumplía la legislación vigente de ordenación del transporte sanitario terrestre y, por ende, el concurso estaba viciado de nulidad. A estos también se sumó la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Transporte Sanitario (Agetrans). 

Hasta la fecha, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública ha desestimado, en el mes de agosto, los recursos de Aeromédica y de Agetrans.

Además, Aeromédica denunció al exconsejero de Sanidad José Manuel Baltar, al director generente de GSC, Luis Rodríguez Neyra, y el exdirector del Servicio Canario de Salud Conrado Domínguez,  por un presunto delito de revelación de secretos, después de que GSC publicara datos económicos de su empresa, licitadora en el concurso en ese momento; el juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria la archivó y, aunque la empresa apeló ante la Audiencia Provincial Las Palmas, la causa fue archivada definitivamente.

UGT presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas una denuncia contra los mismos directivos, a quienes atribuye un presunto delito de prevaricación vinculado al concurso para la prestación del servicio de transporte sanitario terrestre en el Archipiélago.

La actual Consejería de Sanidad no ha querido pronunciarse sobre este asunto, a pesar de que los socialistas, cuando estaban en la oposición, reclamaban la paralización del concurso para elaborar unos nuevos pliegos, mientras el sindicato UGT continúa pidiendo al Ejecutivo la nulidad del procedimiento y que se encamine hacia la desprivatización del servicio, dando cumplimiento a la Proposición no de Ley aprobada por unanimidad en el Parlamento para realizar los informes jurídicos y económicos que contribuyan a “cambiar el modelo de gestión” del transporte sanitario en Canarias.

Rodríguez Neyra (procedente de la etapa de Gobierno de Coalición Canaria) prevé que, una vez se ha producido la apertura de la oferta económica, el concurso se adjudicará en el plazo de un mes y, medio año después, las empresas podrían empezar a prestar los servicios, siguiendo el procedimiento iniciado por Baltar en enero de 2019.

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