El presidente de la Asamblea avala la decisión de Guardiola y fija por resolución que no habrá Debate de la Región este año

El Debate sobre la Orientación Política General de la Comunidad, conocido como el Debate del Estado de la Región, no se celebrará en Extremadura los años en los que haya elecciones autonómicas ni en aquellos en los que se produzca la investidura de la Presidencia de la Junta. Así lo ha fijado el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, a través de una resolución dictada para adaptar el Reglamento de la Cámara a situaciones no previstas explícitamente, como el reciente adelanto electoral.

Con este fallo, respaldado por un informe del cuerpo jurídico del Parlamento regional, el presidente de la Cámara confirma que no habrá debate este 2026. La decisión será trasladada a la Junta de Portavoces fijada para el próximo lunes, 27 de julio.

La resolución aclara de forma expresa que esta cita parlamentaria de calado quedará en suspenso bajo dos supuestos: durante el año natural en el que se celebren elecciones a la Asamblea (ya sea por agotamiento de la legislatura o por convocatoria anticipada) y durante el año natural en que tenga lugar la investidura de la Presidencia de la Junta cuando esta se materialice en un ejercicio distinto al de los comicios.

Naharro ha explicado ante los medios que la norma actual “no estaba pensada para adelantos electorales”, advirtiendo un “vacío” normativo que provocó que en 2025 se incumpliera de facto el Reglamento al coincidir la cita de debate con las urnas. La tesis jurídica fijada ahora determina que el periodo normativo de excepción no debe computar desde el día de la votación, sino desde el momento de la investidura. Dado que María Guardiola asumió formalmente el cargo a finales de abril, el texto concluye que un Ejecutivo recién constituido no ha contado con margen de tiempo suficiente para desarrollar políticas objeto de fiscalización.

La oposición acusa a Guardiola de “huir de la rendición de cuentas”

La formalización de esta decisión ha encendido el debate político entre los grupos de la Cámara. Desde las filas de la oposición se insiste en que el veto al debate obedece a una estrategia para evitar el desgaste del Ejecutivo regional.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha señalado que, si bien respetan el informe jurídico emitido por los letrados, la suspensión rebasa la esfera legal para instalarse en la “voluntad política”. Para la dirigente socialista, la decisión evidencia la falta de disposición al diálogo del Gabinete de Guardiola y ha defendido que el debate podría haberse pospuesto a septiembre para no perder la cita anual.

Más contundente se ha mostrado la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, quien ha acusado a la presidenta de la Junta de “hurtar” la rendición de cuentas en sede parlamentaria para evitar salir “mal parada” tras seis meses de “parálisis” política provocados por su “capricho” de adelantar las elecciones. De Miguel ha rechazado las justificaciones técnicas y ha propuesto como alternativa trasladar la sesión al mes de octubre.

PP y Vox ven la crítica “estéril” y defienden que el control al Gobierno es diario

Por su parte, los partidos que sostienen la gobernabilidad han cerrado filas en torno a la interpretación jurídica del presidente de la Asamblea.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha llamado a la oposición a acatar el dictamen de los letrados ante una “situación excepcional”. Sánchez Juliá ha argumentado que el parlamentarismo extremeño no se encuentra paralizado, recordando que Guardiola se ha sometido de forma continuada al control de la Cámara mediante tres debates de investidura, la tramitación de dos presupuestos y las sesiones ordinarias de control.

En la misma línea, la portavoz de Vox, Inés Checa, ha tildado la polémica de “debate estéril” utilizado por los socialistas como “triquiñuela” partidista. A su juicio, no resulta procedente someter a examen a un Gabinete que acumula apenas semanas de rodaje operativo.

Por parte de la Junta de Extremadura, el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, se ha mostrado en desacuerdo con los reproches de la oposición, enfatizando que la fiscalización al Gobierno autonómico se produce “cada día, semana y mes”. Fernández Calle ha calificado de “lógico” que se prescinda de este pleno extraordinario tras solo dos meses de andadura, aunque ha matizado que, de haberse convocado finalmente, el Ejecutivo habría acudido “encantado”.