Fiscal pide alternativas a la cárcel para reincidentes por delitos de tráfico
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El Fiscal Delegado de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha defendido este lunes una reforma del Código Penal que permita “eliminar los obstáculos” que impiden en la actualidad “ampliar el abanico” de penas alternativas a la prisión --como programas de desintoxicación para conductores con problemas de alcohol-- a reincidentes por delitos contra la seguridad vial, lo que reduciría el número de personas en prisión por este tema.
La reforma de 2007 que introdujo los delitos contra seguridad vial en el Código Penal disparó el número de personas ingresadas en prisión por este tipo de delitos hasta superar los 900 presos en 2010. No obstante, una posterior reforma del Código Penal, acometida en 2010, que flexibilizó las penas, permitiendo a los jueces optar por condenas alternativas a la prisión, como la multa o los trabajos en beneficio de la comunidad, ha reducido el número de internos en prisiones hasta los 771 en diciembre de 2011.
De hecho, según ha señalado Vargas en rueda de prensa en la sede de la Fiscalía de Seguridad Vial, menos del 1 por ciento de los condenados por delitos contra la seguridad vial acaban ingresando en prisión. Esto ha sido posible, según señala la Fiscalía, en parte, al “descenso considerable” en el número de internos en centros penitenciarios registrados en diciembre de 2010 y 2011, tras la última reforma del código penal.
Sin embargo, esa reforma no eliminó ciertos “obstáculos a programas de reinserción fuera de la prisión” en el caso de reincidentes, según ha explicado Vargas, que ha asegurado que “la ley se queda corta en algunos casos” y que de los más de 700 personas que cumplen prisión actualmente por delitos contra la seguridad vial hay un porcentaje, “difícil de precisar”, de personas cuyo “sitio está fuera” de la cárcel.
En este sentido, ha explicado que una persona que es sorprendida tres veces sin permiso de conducir ya no puede evitar la prisión, aunque haya elementos objetivos que hagan creer al fiscal que sería mejor obligarle a asistir a clases para sacarse el carné u a un curso de reeducación, como pena sustitutiva a la prisión.
Por todo ello, Vargas ha defendido una propuesta incluida en la Memoria anual de este año del Fiscal General del Estado de este año en la que se propone reformar el Código Penal para que los jueces puedan optar por penas alternativas a la prisión, como tratamientos de desintoxicación para conductores con problemas de alcoholismo o cursos para sacarse el carné y de concienciación, que se ejecutarían como una alternativa a la pena de prisión al condenado.
Vargas ha insistido, sin embargo, en que estas condenas alternativas sólo se aplicarían a los conductores con alguna “patología” o “disfunción social” y no a los que “incumplen las reglas una y otra vez” sin ningún otro motivo. Tampoco se aplicarían aquellos conductores condenados a prisión por “homicidio imprudente”. Además, ha subrayado que, al estar condicionada la suspensión de la pena de prisión a cumplir la pena alternativa, en caso de no hacerlo, se decretaría el ingreso en prisión.
26,2% DE PRESOS POR ALCOHOL
De las 771 personas que cumplen penas de prisión en España actualmente por un delito de la seguridad, como causa principal, el 26,2% (202 personas) lo hacen por conducción bajo los efectos del alcohol y el 33,4% (258) por conducir sin carné, lo que convierte a estos dos delitos en las dos principales causas por las que se cumple prisión en relación a la seguridad vial.
Según la propuesta de la Fiscalía, en aquellos casos de reincidentes en los que se pueda probar una relación de la comisión del delito con posibles alteraciones de conducta derivadas del consumo habitual o adicción al alcohol o drogas tóxicas, los conductores deberían pasar por un programa de desintoxicación como alternativa al ingreso en prisión.
Mientras, en los casos de multirreincidencia por conducir sin carné, el juez pueda condicionar la suspensión de la pena a que se supere los exámenes para sacarse o recuperar el permiso de conducir, así como a la realización por el sujeto de programa de resocialización y educación.
Tanto las condenas por conducir borracho como por hacerlo sin permiso han experimentado un “repunte” en el último año, según ha señalado el fiscal. Concretamente, el número de procedimiento abiertos por los tribunales españoles contra personas acusadas de conducir bajo los efectos del alcohol se incrementó un 18,5% en 2011 con respecto al año anterior, mientras que el número de diligencias por conducir sin carné ha aumentado todavía más, un 52%.
Además, según los datos que baraja la Fiscalía de Seguridad Vial, el número de condenas por delitos relacionados con el alcohol “continúa en aumento” en 2012, situándose en el primer trimestre de 2012 en 36.375, lo que presagia que el año pueda cerrarse con más de 70.000 condenas, un 15,4 por ciento más que el año anterior.
AUMENTO DE LAS CONDENAS
En general, Vargas ha señalado que en los últimos años se ha producido un “significativo aumento” de condenas penales por delitos contra la seguridad vial, de un 36 por ciento entre 2008 a las estimaciones que baraja la Fiscalía para este año. Así, se ha pasado de 80.777 condenas en 2010 a 91.932 en 2011 y la previsión para este año es de alrededor de 110.000 condenas por delitos contra la seguridad vial.
El Fiscal de Seguridad Vial ha achacado este aumento de condenas a una mayor “eficacia” policial y no a que “haya más delitos”. En este sentido, ha asegurado que en España cada vez hay “más eficacia en la justicia” en temas de seguridad vial y “más probabilidad” de que las personas que delinquen sean “sorprendidos”. “Cada vez hay menos impunidad”, ha subrayado.
Vargas ha resaltado el elevado número de personas que no vuelven a cometer un delito contra la seguridad vial tras ser sancionados, de alrededor del 90 por ciento, y ha subrayado el papel “preventivo”, “disuasivo” y de “reeducación” del Código Penal. De todas las condenas, la más común es la de privación del permiso de conducir (65.102 penas en 2011), seguida de penas de trabajo en beneficio de la comunidad (46.017) y multa (unas 40.000).
La Fiscalía de Seguridad Vial ha difundido por primera vez tanto las propuestas incluidas en la Memoria anual de la Fiscalía General del Estados como los datos del trabajo de los tribunales en materia de seguridad vial con el objetivo de lograr una mayor difusión en Europa, según ha indicado Vargas.
