El Gobierno aprueba el cambio de nombre a la Universidad Internacional de Canarias

Universidad Internacional de Canarias

Efe

Las Palmas de Gran Canaria —

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes la tramitación urgente del anteproyecto de Ley por el que modificará la denominación de la Universidad Internacional de Canarias por la de Universidad Atlántico Medio y se ampliará el plazo para solicitar el inicio de sus actividades.

Este acuerdo supone la remisión inmediata del expediente al Consejo Consultivo para que emita su informe a la mayor brevedad posible.

Una vez recabado el dictamen, se procedería a incorporar las indicaciones oportunas que considere el Consultivo y se remitiría la propuesta de cambio de nombre al Parlamento regional, el organismo competente para aprobar las leyes de creación de nuevas universidades y, por lo tanto, también sus modificaciones.

La Universidad Internacional de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, fue reconocida el 26 de marzo de 2015 y, en uno de sus artículos, señala que solicitará la autorización para el inicio de actividades en un plazo no superior a dos años desde su entrada en vigor de la misma, y que se cumple el próximo 1 de abril.

La Consejería de Educación y Universidades ha solicitado la tramitación de urgencia al estimar que concurren razones de interés público ante el inminente vencimiento de la fecha límite del comienzo de la actividad.

Asimismo, la Consejería ha elevado el expediente al Consejo de Gobierno después de recabar todos los informes preceptivos, incluido el acuerdo del Consejo Universitario de Canarias, de 31 de enero de 2017, que informó de forma favorable al cambio de denominación y a la modificación del plazo de inicio.

La solicitud de cambio de denominación obedece a un requerimiento de la Universidad Internacional de Cataluña, con el fin de evitar posibles errores ante una denominación tan parecida.

En cuanto a la ampliación del plazo, la Universidad Internacional alega razones de diversa índole, ajenas a su voluntad, que impiden el cumplimiento y están relacionadas con la habilitación de las sedes donde comenzará a impartir su labor docente.

El Ejecutivo regional ya se pronunció en sentido favorable a la tramitación de esta solicitud el pasado mes de diciembre.

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