El Gobierno de Canarias adjudica los contratos de vigilancia de los juzgados del Archipiélago
La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias ha anunciado este lunes la adjudicación de la vigilancia de los juzgados y sedes judiciales de la provincia de Las Palmas a la empresa Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España y los de la provincia de Santa Cruz de Tenerife a Ilunion Seguridad.
El Gobierno había anunciado en diciembre pasado que no prorrogaría el contrato con Seguridad Integral Canaria (SIC) para el servicio de vigilancia de los juzgados de la comunidad autónoma ante el retraso en el pago de las nóminas y había encargado provisionalmente la vigilancia desde el 1 de enero a Prosegur en el ámbito de Las Palmas y a Securitas en Santa Cruz de Tenerife.
En los nuevos contratos, las dos empresas adjudicatarias garantizan el sueldo mínimo establecido en el convenio colectivo estatal y serán penalizadas en el caso de retrasos en el pago de las nóminas, según ha informado el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez.
Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España percibirá 4.720.794 euros por la vigilancia de las instalaciones judiciales de Las Palmas e Ilunion Seguridad obtendrá 4.016.000 euros para vigilar las sedes de Santa Cruz de Tenerife.
En los dos casos la vigencia de los contratos es de un plazo máximo de dos años prorrogables por otros dos.
Las empresas tienen prohibida la subcontratación parcial del servicio y se ha procurado en el proceso de adjudicación que se trate de ofertas que, además de satisfacer los requisitos técnicos exigidos, también cumplan con las obligaciones que tienen frente a sus trabajadores, indica Rodríguez.
Dentro de las obligaciones laborales, las empresas deben abonar los salarios en el plazo establecido, con la previsión de imposición de penalidades económicas por cada día de retraso en caso de producirse.
También se ha introducido la realización de auditorías de calidad cuyo resultado negativo deriva en la imposición de penalidades económicas para las empresas, lo que supone una apuesta por la calidad en la prestación del servicio, ha explicado Rodríguez, quien ha especificado que si las adjudicatarias incumplen estas obligaciones, la Administración podrá resolver el contrato e imponer sanciones.
En el caso de que las empresas tengan que contratar personal deberán hacerlo entre personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Canario de Empleo con una antigüedad mínimas seis meses.
