Gobierno regional y universidades canarias aprueban un nuevo modelo financiación

La rectora accidental de la ULPGC, Trinidad Arcos; la consejera de Educación y Unviersidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón; el rector de la ULL, Antonio Martinón

Efe

Las Palmas de Gran Canaria —

El Gobierno de Canarias y las dos universidades públicas del Archipiélago han acordado un modelo de financiación hasta 2025 en el que se garantizan recursos estables para los centros de enseñanza, y éstos se comprometen a someterse a indicadores sobre la calidad de la docencia y la investigación.

El protocolo básico de actuación que servirá para establecer el nuevo modelo de financiación fue presentado este viernes por la consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón; y por la rectora accidental de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Trinidad Arcos; y el rector de la Universidad de La Laguna, Antonio Martinón.

El protocolo será firmado este viernes en Las Palmas de Gran Canaria en presencia del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, dijo la consejera, quien detalló que ha habido casi un año de trabajo para el que se ha partido de un diagnóstico del sistema universitario público canario.

El objetivo, añadió Monzón, es alcanzar un modelo en el que no implique tanto lo cuantitativo sino el objetivo de alcanzar la excelencia académica de forma estable, consensuada y equilibrada.

La consejera insistió en que la mejora en los recursos por parte de las universidades, que conllevará un incremento financiero en la medida en que lo permita el presupuesto autonómico, debe ir “necesariamente” acompañado a su vez de mejoras en el sistema universitario.

Ello permitirá a las universidades establecer una planificación a varios años y asegurar su sostenibilidad a medio y largo plazo y en una primera fase, que se extenderá de 2017 a 2019, el Gobierno se compromete a garantizar una financiación acorde con criterios objetivos, entre ellos, el de tener una adecuación permanente de los estudios universitarios a las necesidades sociales.

Otros criterios son los de tener una mejora progresiva de los resultados académicos y reducir el abandono de estudios, aumentar el nivel de investigación y trasladar sus resultados al sistema productivo del archipiélago.

En una segunda etapa, de 2020 a 2025, se reforzará la financiación básica para infraestructuras y gastos de funcionamiento de las dos universidades públicas y se “premiará” la calidad docente y de investigación, añadió Soledad Monzón.

La rectora accidental de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Trinidad Arcos, señaló que para este centro el haber llegado a un acuerdo en este ámbito supone “un punto y aparte” tras la situación financiera que se ha derivado en los últimos años de la crisis económica.

Trinidad Arcos subrayó que el acuerdo supone comenzar una nueva etapa que permitirá a las universidades trabajar con el mismo nivel de eficiencia porque, añadió, pese a que se ha atravesado “una etapa muy dura” se ha mantenido la calidad de los servicios y la educación, pero ahora además no será necesario planificar “año a año” sino tener “una visión de futuro a largo plazo”.

El rector de la Universidad de La Laguna, Antonio Martinón, aseveró que se puede resumir el acuerdo en que el Gobierno canario reconoce que el sistema universitario necesita más financiación y trabajará para acercarse a la media estatal, y que los centros superiores de educación “nos comprometemos a mejorar”.

Antonio Martinón precisó que desde el inicio de la crisis el sistema universitario público canario ha perdido unos 45 millones de euros cada año, una restricción del gasto a que ha afectado a los todos los ámbitos universitarios.

“No vamos a recuperar ese dinero”, admitió el rector, pero hay un compromiso del Gobierno canario para aumentar en 2017 unos dos millones de euros la financiación de cada Universidad pública, una cantidad “que está lejos de lo que nos gustaría, pero es un paso”.

También reconoció Antonio Martinón que las dos universidades públicas no tienen buenos indicadores de rendimiento y por ello es preciso mejorar los indicadores y aumentar la calidad en la investigación así como “una vieja asignatura pendiente” en este último apartado, que es la de transferir esos resultados a las empresas del entorno.

No obstante, continuó el rector, también la investigación cuesta dinero y se refirió al hecho de que en eje 1 del Fondo de Desarrollo de Canarias se reserva un 5 por ciento a este apartado, lo que supondrá destinar unos 80 millones de euros en diez años.

El director general de Universidades, Ciro Gutiérrez, precisó que el protocolo presentado hoy marca las líneas generales a partir de las cuales se trabajará para desarrollar indicadores “concretos” para evaluar la calidad docente e investigadora.

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