80 agentes de Gran Canaria denuncian la “falta de transparencia y el enchufismo” de la Dirección General de la Policía

Alrededor de 80 policías grancanarios destinados en la Península han denunciado a la Dirección General de la Policía por irregularidades en la adjudicación de plazas por “comisión de servicios”, que impide que haya movimientos internos. Afirman que la falta de transparencia en estos procesos de selección provoca que decenas de policías destinados a la Península hace años no puedan volver a Gran Canaria.

La situación es tal que este año solo se han convocado tres plazas en Gran Canaria, mientras que en Tenerife, donde según los policías los criterios son más claros y transparentes, las plazas fueron 25. La denuncia se basa en la sospecha de que estas plazas se dan por “enchufes o selecciones a dedo”, algo que, según afirma el letrado y ex inspector jefe de policía que lleva la causa, Dionisio Blanco, “siempre ha sucedido”, pero que con los cambios de gobierno ha aumentado notoriamente.

Asegura que siempre ha habido quejas sobre estas “recomendaciones” para entrar, pero que antiguamente era más “entendible” que esto sucediera porque había un mínimo de cargos de mayor rango, por ejemplo de jefes de brigada, que traían a sus hijos a su plantilla. Según una sentencia del Tribunal Supremo (TS), estos puestos de confianza solo se pueden conceder a aquellos que tengan un grado superior a 26, es decir, de inspector o inspector jefe para arriba, afirma el letrado.

Blanco no es novato en esto, en el 2016 consiguió ganar la sentencia impugnada por el mismo motivo en Asturias, donde a raíz de la misma se ha conseguido convocar más plazas. Si los policías canarios lograran el mismo resultado que en el caso asturiano, se conseguiría el movimiento interno de muchos de ellos para regresar a casa.

La mayoría de los puestos de trabajo para funcionario de policía se obtiene a través de concurso general de méritos: por antigüedad, cursos, orientaciones... Es la forma más habitual, pero también hay otras, como el concurso específico de méritos y las comisiones oficiales por necesidades de servicio, que son convocadas en operaciones específicas, como por ejemplo la crisis de inmigrantes. Aparte, los funcionarios también pueden estar desplazados en comisiones especiales fuera de su plantilla, donde les comisionan para que estén cerca de sus familias.

Explica Blanco que cada vez que hay cambio en el gobierno “hay apaños” desde la cúpula de división de personal o desde el propio Ministerio del Interior, que “enchufan” a amigos o familiares enmascarándolos con que se hace por alguna de las causas de comisión ya explicadas, de manera que las remesas van en aumento.

“Todas estas irregularidades han viciado el concurso general de méritos, hasta el punto de que como estas plazas tienen un porcentaje de puntuación muy alto, a la hora de convocar concurso de plazas, como estos puestos de trabajo ya están ocupados por comisionados, no los convocan”, constata. Estos “enchufados” ejercen como comisionados durante dos o tres años, pero cuando les echan, en vez de reintegrarse en su plantilla de origen, se quedan en la que están, alrededor del 50% lo hace.

Para el caso de Gran Canaria, el pasado viernes se presentó el recurso contencioso, animados los policías por el éxito de otras sentencias presentadas por Blanco. Se pedirá, a partir de la relación facilitada sobre el número de comisionados, que se convoquen plazas en convocatoria extraordinaria. Además, apunta el abogado, en este caso se cuenta con un informe favorable de la Defensora del Pueblo, en el que se recoge que las plazas legales de comisión de servicio no pueden durar más de dos años, y que aquellas que sean inferiores al año tienen que tener justificación de por qué no se convocan.