Huir del confinamiento para volver a la calle o integrarse en la sociedad: las dos caras del sinhogarismo durante la pandemia

Confinarse bajo un techo no ha sido sencillo para quienes llevan años viviendo al raso. Las adicciones o la seguridad que les transmite la calle han hecho que algunas personas abandonen las plazas alojativas habilitadas por los ayuntamientos cuando comenzó el estado de alarma. Otras, en cambio, comienzan a sentirse parte de la sociedad después de mucho tiempo viviendo a sus espaldas.

El presidente de Cruz Roja en Canarias, Antonio Rico, señala que han impulsado algunos proyectos con las 34 personas que asisten en el Centro de Día de la antigua fábrica del hielo, en Gran Canaria. “Algunas se han marchado y otras han llegado, pero la cifra se ha mantenido estable”, explica. Además de atender sus necesidades básicas, la ONG ha intentado poner en marcha otro tipo de intervenciones aprovechando este punto de inflexión que ha hecho que “todos estemos más cerca”. “Valoramos la posibilidad de que algunos cuenten con apoyo familiar o tratamos de promocionar su incorporación laboral”, apunta.

En las dos capitales del Archipiélago, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, sigue habiendo personas en la calle y pese a la gran exposición al virus en la que se encuentran, no se ha registrado ningún positivo entre ellas hasta el momento. Sin embargo, Caya Suárez, secretaria general de Cáritas en la provincia occidental y en el Archipiélago señala que es difícil confiar en este dato, ya que no se les realizan test. Respecto al material de protección, Suárez señala que disponen de él, pero cuestiona que sea suficiente a largo plazo y baraja las donaciones como posible forma de solventar las posibles carencias.

Durante el estado de alarma, la capital grancanaria ha acogido a personas de otras zonas de la Isla, entre ellas, a algunas de las que llevaban meses durmiendo en el aeropuerto de Gando. El municipio ha habilitado en el confinamiento cuatro recursos alojativos. El último de ellos en las instalaciones deportivas José Alsó, con 150 plazas, en coordinación con Cáritas el pasado 22 de abril, ante el incremento de demandas como consecuencia del impacto económico de la pandemia. Se suman a las 50 plazas disponibles en la antigua fábrica del hielo, las 52 del albergue de El Polvorín y las 50 camas del pabellón García San Román.

La atención de los usuarios es 24 horas y garantiza alimentación, aseo y lavandería. La concejala de Servicios Sociales, Carmen Luz Vargas, subrayó que este colectivo puede ser calificado de riesgo, ya que en muchas ocasiones cuentan con enfermedades crónicas y dependencia a sustancias tóxicas.

En estos más de 40 días de crisis sanitaria, Cáritas ha registrado un incremento del 85% en solicitudes de población sin hogar en la provincia de Las Palmas. Entre ellas, peticiones de mujeres prostituidas y víctimas de trata que han sido expulsadas de los clubes en los que vivían por la caída de la actividad. En estos casos, se ofrece protección a las mujeres por ser casos de violencia de género. A pesar de ello, las redes de trata que se ocultan tras estas mujeres no caen, ya que es necesaria la denuncia de las víctimas, en su mayoría migrantes, que se encuentran atadas de pies y manos para tomar esta decisión, pues son coaccionadas y amenazadas por los proxenetas, que les obligan a pagar a través de la explotación sexual deudas contraídas para llegar a Europa.

Si bien la demanda de prostitución no ha desaparecido. En testimonios de mujeres prostituidas publicados por Canarias Ahora, ellas mismas explican que incluso durante el estado de alarma, muchos hombres se escondían entre los coches para ver si ellas salían y buscaban practicar relaciones sexuales sin lavarse siquiera las manos aunque esto supusiera un peligro para ellas.

Caya Suárez prevé que esta precarización de la sociedad aumente en los próximos meses ante la crisis socioeconómica que se gesta en España y el hundimiento de los ingresos en los hogares. Después del aislamiento, ante el desplome de sectores como la hostelería, muchas personas quedarán fuera del mercado laboral, valora. En este escenario quedan en un limbo las garantías para acceder a una vivienda digna, a la educación o a la sanidad. “Es algo multidimensional”, apunta la secretaria general de Cáritas. Para ella, la solución pasa por un trabajo coordinado entre las administraciones y el tercer sector que vele por un sistema de protección social para todas las familias.