La Iniciativa Popular sobre educación sigue su trámite pese a la abstención del PP

La Iniciativa Popular por una Ley Canaria de Educación, que ha recibido el respaldo de más de 36.000 firmas, continuará su trámite parlamentario después de que la Cámara Legislativa haya aprobado pese a la abstención del PP su toma en consideración para que el sistema educativo canario se convierta en la “piedra angular” del cambio de la sociedad canaria.

Alicia Reyes, miembro de la Comisión Promotora de la Proposición de Ley y encargada de defender la propuesta en el Pleno del Parlamento, recordó que tras las transferencias educativas, Canarias realizó el mayor esfuerzo inversor educativo de todo el Estado, tendencia que se ha invertido en la ultima década.

Así, apuntó que entre 2009 y 2011 los presupuestos en Educación disminuyeron en las islas en 170 millones de euros, lo que supone destinar tan sólo el 3 por ciento del PIB (Producto Interior Bruto) de Canarias, una “escasísima inversión” que “no tiene parangón ni en España ni en Europa y que ha terminado por afectar tanto a la escuela pública como privada”.

Pese a los avances educativos experimentados en Canarias, Alicia Reyes dijo que el archipiélago sigue teniendo altas tasas de fracaso y abandono escolar, entre otras razones, porque la sociedad canaria “no es un ejemplo de equidad, hecho que se refleja en el sistema educativo”.

Según los datos de PISA, un 39% del alumnado canario procede de familias de un entorno sociocultural bajo, diez puntos por encima de la media española, y pese a los esfuerzos de personas, colectivos e instituciones “la educación no ha sido capaz de cohesionar a la sociedad”, declaró la portavoz de la ILP.

Alicia Reyes añadió que, en el actual contexto de crisis, “los recortes en educación dificultan la superación del retraso que sufre Canarias en materia educativa e incide en una población castigada en mayor medida que el resto de comunidades autónomas por la crisis económica”.

En este sentido, insistió en que la educación “puede evitar que se produzca una auténtica fractura social y debe permitir que los niños y jóvenes se conviertan en ciudadanos responsables y logren los máximos niveles de preparación para acceder al mercado laboral en las mejores condiciones”.

Para alcanzar estos objetivos, Alicia Reyes consideró necesario “mejorar la eficacia y eficiencia del sistema educativo, así como incrementar la inversión para acercarse a los países europeos que más invierten en educación”, que constituye “un medio de formación, socialización y aprendizaje, un derecho de la ciudadanía que deben garantizar los poderes públicos”.

Ley Orgánica

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, la diputada Maribel Oñate apuntó que a nivel nacional ya se está tramitando una Ley Orgánica de Educación que, en su opinión, es donde debe estar enmarcarda la Ley Canaria de Educación que se promueve a través de esta iniciativa popular.

Maribel Oñate entiende que Canarias debe esperar a que esta Ley Orgánica salga del Congreso para así hacer una ley propia que dé respuesta a las especificidades de la Comunidad Autónoma, pues “no se puede tramitar una ley para cambiarla después y meterla en un cajón”.

Consenso

Por el Grupo Parlamentario Mixto, la diputada Carmen Hernández (NC) dijo que esta ILP nace de los “mejores padres” porque viene del profesorado y de los padres y madres de alumnos, y tras enumerar las dificultades por las que ha atravesado esta iniciativa, señaló que es “la expresión de un compromiso por la mejora del valor educativo, y de un consenso que permitirá mejorar el sistema educativo canario, partiendo de las singularidades de Canarias, y dar respuesta a la escuela del siglo XXI”.

Para Carmen Hernández, esta ley debe “expresar las metas de una educación que impulse centros educativos bien dotados, una comunidad educativa formada y un profesorado con recursos para ejercer su labor y con el prestigio social para ello, y un alumnado motivado por el aprendizaje y que vea la educación como una oportunidad real”.

Desde las filas del PSC-PSOE, la diputada Rita Gómez dijo que en Canarias “resulta necesario construir unas bases sólidas y consensuadas que respalde una nueva política educativa cuyo punto de partida es esta iniciativa popular”, que debe promover “los niveles de calidad educativa que Canarias necesita para un desarrollo sostenible y la equidad social”.

Con esta iniciativa, según Rita Díaz, el PSOE se compromete a definir “una propuesta que transforme a los canarios en una sociedad educadora y que haga de los instituciones educativas una verdadera sociedad para el aprendizaje”, pues “sólo así será posible romper la desigualdad social en desigualdad educativa”.

Invertir en educación es la mejor salida de la crisis y resulta imprescindible para mejorar nuestra economía. Por ello, abogó por incrementar la inversión en educación, a lo que hay que sumar la eficiencia del gasto educativo.

El diputado Nicolás Gutiérrez, del Grupo Nacionalista Canario, afirmó que la ley no traerá por sí sola la solución a los problemas educativos de Canarias, por lo que consideró necesario “un gran pacto educativo” que debe salir del Parlamento para “no caer en un camino de incertidumbre para el alumnado, y para que la escuela sea la escuela de todos y para todos”.