Intersindical Canaria llevará a los tribunales los conciertos sanitarios “por ilegales”
Intersindical Canaria ha anunciado este martes que pedirá en los tribunales la nulidad total de los conciertos del Servicio Canario de la Salud (SCS) con la sanidad privada por ilegales y preconstitucionales, ante la constatación de que el Gobierno regional deteriora la sanidad pública “de forma deliberada” y que el Parlamento ha renunciado a auditarlos.
Los conciertos suponen entregar 270 millones de euros anuales de dinero público a la sanidad privada sin concurso ni justificación, cuando solo deberían utilizarse en situaciones excepcionales como un refuerzo, denunciaron en rueda de prensa representantes de Intersindical Canaria de todas las islas.
El sindicato ha presentado una reclamación ante el SCS previa a la demanda judicial y ha hecho un llamamiento público a partidos, sindicatos, colegios profesionales y colectivos sociales para que se sumen a la iniciativa.
Intersindical Canaria está convencida de que el deterioro de la sanidad pública canaria es deliberado, de manera que no se invierte, no hay mantenimiento, se recorta en personal y se generan artificialmente listas de espera para nutrir el negocio de la sanidad privada, que elige a los pacientes más rentables y rechaza los casos complicados o los enfermos crónicos.
Así se explica, por ejemplo, que los proyectos de hospitales en el norte y el sur de Tenerife estén sin terminar después de más de veinte años proyectados en lugares donde se ha instalado la sanidad privada, según el sindicato.
Intersindical también explica así que mientras el presupuesto sanitario canario se ha recortado durante la crisis, la partida para los conciertos ha aumentado año tras año desde los 209 millones de euros en 2011 a los casi 270 en 2017.
Eso permite a la sanidad privada “adornar” sus hospitales “con silestone y climalit”, mientras los hospitales públicos se dejan “infradotados e infrautilizados”, sin actividad por las tardes y fines de semana, y sin personal suficiente.
La sindicalista Patricia Hernández denunció que los contratos con las clínicas privadas se mantienen invariables en muchos casos desde la época franquista: el concierto con la clínica Quirón es de 1976, el del Perpetuo Socorro de 1968, el de Santa Catalina de 1974 y el de Hospiten Sur de 1987, citó entre otros casos, y todos ellos son previos a la Ley que regula la contratación pública.
Abel Ramos explicó que Intersindical Canaria ha decidido dar el paso de llevar los conciertos sanitarios a los tribunales después de que el anterior consejero de Sanidad, Jesús Morera, fuera cesado tras anunciar que los iba a revisar y de que el Parlamento rechazara una auditoría propuesta por Podemos.
El nuevo consejero, José Manuel Baltar, que procede de la sanidad privada, es “un caballo de troya” en la sanidad pública, así que no queda otra salida que la judicialización, a la vista de que en 30 años no se ha creado ni una cama pública en beneficio de las privadas, dijo el sindicalista Jaime Bethencourt.
Eso ha llevado a que en Canarias las camas hospitalarias privadas sean el 14%, frente a la media española de menos del 7%, según los datos ofrecidos por Intersindical Canaria.
