''Más jefes que indios'' en el Ministerio Fiscal
El Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma, Vicente Garrido, ha indicado en el Parlamento que la memoria de la Fiscalía de 2010, refleja que se ha trabajado “mucho y bien”, gracias al “esfuerzo” de un equipo humano formado por un total de 115 fiscales y 103 funcionarios, “igual que el año pasado”, en una ratio que en su opinión significa, “como suele decirse coloquialmente, que hay más jefes que indios”.
“Hay un problema que es secular, que es la escasez de la dotación del personal colaborador, esos 103 funcionarios, por lo que hay que reflexionar sobre ello”, apuntó a los miembros de la Comisión de Gobernación.
Según la memoria, el pasado año se incoaron un total de 257.298 procedimientos penales en Canarias, entre diligencias previas, diligencias urgentes y juicios de faltas incoados directamente, lo que supone una disminución del 2,57 por ciento con respecto a 2009.
Garrido destacó que los escritos de acusación realizados por el Ministerio Fiscal fueron 18.741, de los cuales unos 11.000 se resolvieron mediante la fórmula de los juicios rápidos. Asimismo, de las 8.800 sentencias penales dictadas, “el 83 por ciento fueron conformes a la petición del fiscal”.
El Fiscal Superior de Canarias también dijo que, aunque hubo 93.000 diligencias por delitos contra el patrimonio, esta cifra supone un descenso del 3,5 por ciento respecto a 2009, lo que a su juicio “desmiente que la crisis sea igual a más delitos económicos”.
Mejoras
Garrido también ha solicitado mejoras para los centros de menores, tanto “en medios materiales como en formación del personal que los atiende”, sobre todo los que tienen que ver con la drogadicción y la prestación social a las personas mayores con minusvalías.
Al respecto, la portavoz del Grupo Mixto, Carmen Hernández (NC), consideró “llamativo y preocupante” que desde la Dirección General del Menor “no se dirija a la Fiscalía cuando haya un cambio en la situación de los menores”.
En cuanto a violencia de género, Garrido afirmó que “el canalla asesino va a ser una persona que siempre estará dispuesta a matar, por lo que hay que buscar otras alternativas a la persecución penal y policial”.
Por ello, calificó de “camino adecuado” que existan juzgados comarcales especializados en violencia de género, “superior al propio partido judicial” para que no compartan estos casos “con los robos de coches”, por ejemplo, “y poder ser más eficaces”.
En este apartado, la representante de NC hizo hincapié en que “no existen forenses especializados” y destacó que “solo se hayan colocado cuatro dispositivos de control” en toda Canarias, lo que hacía pensar que los jueces “no son propensos” a los mismos.
La socialista Dolores Padrón destacó la “voluntad social” que mueve a los fiscales en su labor, “como lo demuestran las reflexiones que se hacen en la Memoria”, especialmente “las secciones de violencia de género y de menores”, cuando alertan, por ejemplo, del aumento de levantar la prohibición de alejamiento para que los hijos puedan ver a sus padres “sin darse cuenta de que pueden estar coaccionadas o amenazadas por el agresor”.
“No caerá en saco roto”
Asimismo, aseguró que la Memoria “no caerá en saco roto” pues todas sus reivindicaciones “se transformarán en iniciativas parlamentarias ante las consejerías” relacionadas con las quejas, retos y reflexiones del Ministerio Fiscal, sobre todo en lo referente a mantener la dotación para el sistema Atlante II o el personal de refuerzo para el Ministerio Público.
Este punto también fue refrendado por la nacionalista Flora Marrero (CC), quien también incidió en la relación entre el Ministerio Fiscal y los medios de comunicación, sobre todo cuando se critica su independencia e imparcialidad.
“Ningún fiscal ha consentido ni consentirá ninguna presión para imponerle una línea de actuación”, contestó Garrido.
El Fiscal Superior recordó que “el Ministerio Fiscal debe estar sujeto a las críticas por parte de los medios de comunicación o un ciudadano, para no situarnos en la autocomplacencia”, pero sí insistió en que “es necesario”, como ya hiciera en su discurso de apertura del Año Judicial la pasada semana, recordar que “se está produciendo una crítica provocativa con la intención de enfrentarnos o contrarrestar a informaciones tendenciosas”.
En este aspecto, el portavoz del Grupo Popular, Emilio Moreno, insistió en la necesidad de que “al Ministerio Fiscal no le debe preocupar ser sometido a la sana crítica”, pues el debate forma parte de “la presunción de inocencia que debe amparar a personas anónimas o no hasta la resolución del proceso”.
Moreno consideró “sorprendente” la relación entre el aumento del absentismo escolar con el incremento en el consumo de drogas por parte de menores, así como “la inaceptable, por parte de la Dirección General del Menor, no comunicación con la Fiscalía”.
Además, preguntó si se han incrementado las conmutaciones de condenas privativas de libertad por trabajos sociales.
Al respecto, el informe del Ministerio Público afirma que en 2010 fueron un total de 7.195 personas en el Archipiélago (4.299 en Las Palmas y 2.896 en Santa Cruz de Tenerife) las que se acogieron a la posibilidad de llevar a cabo trabajos en beneficio de la comunidad, la gran mayoría después de haber sido condenados por conducción alcohólica o sin carnet, aunque también algunos por violencia doméstica o malos tratos.
