Armarios bajo sospecha en los nuevos edificios judiciales de Canarias

El concurso para la contratación de estanterías móviles (armarios rodantes) en los nuevos edificios judiciales de Las Palmas de Gran Canaria y San Cristóbal de La Laguna acabará en los tribunales. Al menos dos de las empresas que fueron excluidas en el proceso (Panel Standard e Instalaciones y Manufacturas Artiles –IMA-) han anunciado que presentarán un recurso contencioso administrativo contra la adjudicación, por algo más de 4 millones de euros (2,88 en la capital grancanaria y 1,18 en la ciudad tinerfeña), de los dos lotes del contrato a Eun Sistemas.

Estas empresas denuncian que la mesa presidida por Joaquín García, jefe del Servicio de Contratación y Equipamiento de la Dirección General de Justicia, no sólo obvió los incumplimientos del pliego de prescripciones técnicas en los que habría incurrido Eun, sino que además cambió las reglas del juego a mitad del concurso, calificando como mejoras esos supuestos errores y, por lo tanto, inflando la puntuación de la licitadora que finalmente resultó adjudicataria.

Salvo Eypar en su participación en el lote de Las Palmas de Gran Canaria, el resto de empresas (tres en La Laguna y dos en la capital grancanaria) quedó fuera del concurso antes de que se abriera el tercer y definitivo sobre, que contiene la oferta económica y otros aspectos como los plazos de entrega. El contrato fue adjudicado el pasado 14 de octubre.

Agotada la vía administrativa, tras la desestimación de los recursos especiales en materia de contratación presentados ante la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias por tres de las empresas perdedoras en la licitación, Esquitino Martínez, Panel Standard, e IMA, el conflicto se traslada ahora a la vía judicial, donde estas dos últimas intentarán demostrar que el procedimiento no se ha ajustado a los principios de igualdad y proporcionalidad.

Aunque reconocen errores en sus propuestas (entre otros, no guardar la distancia necesaria con los sistemas contraincendios o no fijar los armarios sobre plataformas), las licitadoras recurrentes entienden que estos fallos no debieron ser penalizados con la exclusión, sino con una reducción en la puntuación.

Además recuerdan que en 2010 nueve empresas del sector elevaron una carta conjunta de queja a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia por “las continuas adjudicaciones al mismo licitador” en los concursos de este área. La empresa a la que aludían entonces era Nogal Metal, que tiene un acuerdo de colaboración y una carta de compromiso expreso con Eun Sistemas, la reciente adjudicataria.

Cuatro incumplimientos

Los escritos de reclamación ante la Consejeria de Justicia señalaban hasta cuatro posibles incumplimientos de Eun que pudieron saldarse con su exclusión del proceso.

El primero de ellos hace referencia a la inclusión en el sobre dos de información que tenía que haberse aportado en el sobre tres. Según la Ley de Contratos del Sector Público, el sobre dos no puede contener criterios evaluables mediante cifras o porcentajes. Sin embargo, en su propuesta sobre las condiciones de suministro, Eun Sistemas ofreció reducir en una anualidad las fases de actuación, “efectuando la instalación de forma continuada, a partir de la adjudicación, entre 2013 y 2014”. Para las empresas excluidas, ésta es una referencia manifiesta a los plazos de entrega, una información que debe ir en el sobre tres. Para la Consejería de Justicia, es simplemente una mejora.

Panel Standard critica en su recurso el “doble rasero” de la mesa de contratación. “Nosotros sí que fuimos excluidos por incorporar un extracto de la memoria general de la empresa que decía que tendríamos el personal necesario para un correcto montaje en un plazo no superior a tres días trabajando en horario normal”, afirma uno de sus representantes, que agrega que ese dato también lo habían incluido en el sobre uno y que entonces la mesa no puso ninguna objeción. “La Consejería hace una interpretación errónea, no estamos diciendo que la instalación se hará en tres días, sino que en ese plazo tendremos al personal necesario, pero, en todo caso, tendrían que habernos llamado para aclarar la confusión”, asevera.

Otros dos aspectos controvertidos de la propuesta de Eun Sistemas tienen que ver con soluciones técnicas en la fabricación de los armarios destinados a guardar archivos judiciales. El pliego de prescripciones técnicas precisaba que los frontales de los armarios debían ser curvos y los perfiles, en forma de U. La empresa ganadora ofertó paneles lisos “de diseño vanguardista” y perfiles cerrados. La mesa de contratación identificó de nuevo como mejoras lo que para otras empresas era un evidente incumplimiento.

IMA incluso llamó a un notario para que levantara acta y demostrara “la infracción” en la muestra que montó Eun Sistemas en el sótano del edificio judicial situado en la Vega de San José. Las empresas recurrentes subrayan que, en este apartado, el pliego no daba la opción de ofertar sistemas similares, como si hacía en otras secciones, por lo que los frontales curvos -de mayor complejidad- y los perfiles en forma de U “no admitían mejoras”.

La última reclamación de las empresas perdedoras en la licitación alude a la altura de las estanterías. Una de las cláusulas del pliego establecía que los armarios debían ser confeccionados de manera que los funcionarios pudieran acceder a las distintas baldas sin necesidad de utilizar medios auxiliares (escaleras, taburetes...)

La empresa adjudicataria dio una altura de 2,4 metros a las estanterías, lo que le permitía una mejora en cuanto a capacidad de almacenamiento pero situaba la última balda útil por encima de los dos metros. “Difícilmente, salvo para los trabajadores agraciados con una altura considerable, no van a necesitar medios auxiliares”, apuntaron los recurrentes. En respuesta a las reclamaciones, la Consejería se justificó afirmando que otros edificios de la Administración autonómica tenían armarios de la misma altura.

Justicia defiende la independencia de la mesa

El director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Alejandro Parres, defiende la transparencia del proceso y la independencia de la mesa de contratación. Parres era, en principio, quien debía presidirla, pero se inhibió alegando motivos personales y la dejó en manos de su suplente, Joaquín García, jefe del Servicio de Contratación.

“La mesa es eminentemente técnica, había dos funcionarios de esta casa, el letrado de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias (que depende de Presidencia) y el Interventor (Economía y Hacienda) y fue una decisión colegiada”, afirma.

“Son técnicos especializados en contratación, profesionales de prestigio, y en la desestimación de los recursos quedan claras las razones por las que consideran que son mejoras”, añade Parrés, quien reconoce que estas reclamaciones ya están ocasionado problemas y disfunciones en el servicio. “De momento seguimos con las estanterías antiguas de forma provisional”.

El director general de Relaciones con la Administración de Justicia advierte que, de abrirse la vía judicial (los licitadores tienen hasta el 28 de febrero para recurrir), el Gobierno pedirá el levantamiento de la suspensión del concurso y reclamarán daños y perjuicios a las empresas.