Dos juezas canarias renuevan en el secretariado nacional de Jueces para la Democracia
Dos juezas con destino en Canarias han renovado este viernes su puesto en el secretariado de Jueces para la Democracia (JpD), el máximo órgano ejecutivo de esta asociación, que celebra este fin de semana su congreso anual en Oviedo centrando sus debates en la independencia judicial.
Las juezas María Victoria Rosell, titular de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, y Carla Vallejo, de Instrucción 3 de Telde, han recibido el apoyo de los asociados para permanecer en el secretariado, a cuyo frente ha sido ratificado el magistrado valenciano Ximo Bosch. Victoria Rosell continuará asimismo como portavoz adjunta de la asociación, que engloba a algo más de medio millar de jueces en toda España.
El vigésimo noveno congreso nacional de Jueces para la Democracia ha centrado sus debates en las reformas que en materia de justicia está acometiendo el Gobierno del Partido Popular, y ha criticado duramente el anteproyecto de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) por considerar que interfiere en la independencia judicial consagrada en la Constitución. Por ello han decidido formalmente pedir su retirada.
El portavoz de JpD, Ximo Bosch, aseguró al inicio de los trabajos que “estamos en un momento en el que se está viviendo una fuerte acumulación de poderes en pocas manos. Algunas reformas crean figuras de jueces de confianza para el poder político y esto es contrario a la independencia”.
Los jueces progresistas han rechazado igualmente la demarcación provincial de los partidos judiciales por considerarla propia del siglo XIX.
También fue objeto de crítica por “autoritaria” la reforma del Código Penal en su vertiente de penalización de las protestas ciudadanas y el tratamiento que se prevé para las personas inimputables, en la línea de lo manifestado estos últimos meses por este colectivo de jueces. El aforamiento del rey Juan Carlos una vez ha abandonado sus funciones públicas, ha sufrido el rechazo de la asociación, que considera que debe revisarse esa protección que en España gozan unas 10.000 personas, entre jueces, fiscales, parlamentarios y autoridades.
Contraria a la política de indultos del Gobierno, JpD sí se ha mostrado favorable este viernes a que se le conceda esa gracia a los dos sindicalistas granadinos condenados a prisión por participar en un piquete durante una huelga. En este sentido, la asociación ha alertado ante lo que considera una “criminalización del ejercicio de derechos” ciudadanos.
En relación con la crisis bancaria y sus derivadas, el congreso ha aprobado una resolución por la que se exige “el control preventivo efectivo de las entidades financieras, con la máxima transparencia y control por parte del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores” y la regulación por ley de la nulidad de las cláusulas suelo. En esta misma materia, se ha acordado reclamar “la suspensión de los alzamientos hipotecarios si el adjudicatario no acredita que ocupará la vivienda en un plazo no superior a seis meses en base a la buena fe y la función social” de estas medidas.
