Libertad para el menor de edad recluido en un CIE
La magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado la puesta en libertad del inmigrante menor de edad recluido irregularmente en el CIE de Barranco Seco durante 21 días. Una patrullera de la Guardia Civil embistió la patera en la que viajaba para intentar alcanzar la costa de Lanzarote el pasado 13 de diciembre junto a otras 24 personas. El accidente se saldó con el fallecimiento de uno de ellos y la desaparición de otros seis. Los 17 supervivientes fueron internados en el centro.
La Fiscalía estimó que tenía 19 años, pero su partida de nacimiento dice que es menor de edad
El menor fue trasladado a Gran Canaria en helicóptero e ingresado en el hospital Doctor Negrín por las heridas que sufrió en el accidente y, tras recibir el alta, fue internado en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la capital. En primera instancia, la Fiscalía Provincial de Las Palmas estimó, a raíz de unas pruebas radiológicas, que el interno tenía alrededor de 19 años. Sin embargo, una partida de nacimiento procedente de la autoridad municipal de Sidi Ifni acredita que nació el 13 de enero del año 1996, por lo que, según el documento, el joven tiene 17 años.
Aunque en dicha partida de nacimiento no se halla una foto, según la jurisprudencia consolidada “basta una mera probabilidad de que sea menor para así estimarlo”, por lo que, ante la duda, la cuestión debe resolverse a favor de la minoría de edad.
Las autoridades no pueden recluir a un menor de 18 años, por lo tanto, y tras el auto dictado por el juez, el marroquí queda bajo la custodia de su primo en la isla de Gran Canaria
Ha habido negligencias por parte de alguien y tendrá que dar explicaciones“, han declarado fuentes de la Coordinadora de Barrios a CANARIAS AHORA. Éstas apuntan que, ”a pesar de ser internados en un centro en el que autónomamente no puede comunicarse con nadie, cuando se ha acercado un abogado para hablar con él, se han puesto trabas“.
Según estas fuentes, no se les quiere proteger como testigos para que declaren sobre si detrás de la llegada de la patera hay mafias. “Es muy difícil que se presten a dar esa información sin protección y si no declaran no pueden hablar sobre otras cosas que vieron. Esto hace pensar que ocurre algo extraño”, afirman.
Hace algunos días, las secciones territoriales de la Asociación Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales condenaban en un comunicado “la adopción de medidas de internamiento gratuitas o de modo automático sin hacer valoraciones a cada caso concreto” por las autoridades, refiriéndose al caso en concreto de los 17 supervivientes del choque con la patrullera internados en el CIE de Barranco Seco, entre los que se encuentra el menor mencionado.
Al respecto cabe destacar la condena a España del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en octubre de 2012 por la detención “arbitraria” de un inmigrante de origen marroquí que fue finalmente expulsado tras denunciar los malos tratos y vejaciones sufridos durante su estancia en el centro madrileño de Aluche. En el dictamen emitido por Naciones Unidas estiman que hubo “ausencia de orden de arresto y falta de acceso a recursos judiciales expeditos para poner fin a su privación de libertad y a los abusos que se cometieron en su contra”. Uno de los juzgados de control del CIE madrileño lo llamó a declarar, pero un día antes de la cita fue expulsado del país, lo que propició la condena de la ONU.
