Medio Ambiente esquiva el debate sobre las competencias en Costas

La esperanza de los vecinos de poblados como Tufia u Ojos de Garza se difumina un poco más. La viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno canario ha reconocido este jueves que los barrios pesqueros asentados en el litoral “están en zonas peligrosas donde nunca deberían haberse ubicado”. Medina ha dejado claro así que si su departamento asume las competencias que reclama el Ejecutivo del presidente nacionalista Paulino Rivero antenpondrá la seguridad a cualquier medida social destinada a salvar los núcleos de tradición marinera que corren riesgo de derribo. Y eso, pese a haber esquivado el debate sobre una posible transferencia por parte del Gobierno central tras el anuncio de una “reforma muy profunda” de la ley de 1988: “Ese es otro debate paralelo en el que no entra en este caso Medio Ambiente”.

“Yo creo que esa es una cuestión también complicada y que cuesta hacerle entender al ciudadano”, ha dicho Medina en declaraciones al programa Tiempos Modernos, de CANARIAS AHORA RADIO. “Lógicamente el arraigo está ahí, las cuestiones personales y económicas también se ponen de manifiesto, pero debemos hacer un ejercicio de responsabilidad a largo plazo. Tenemos que cuidar no solo a nuestros litorales, sino que todas esas casas que han estado tradicionalmente ubicadas, pero que hoy en día no deben estarlo, sobre todo por la seguridad de los mismos”, ha sentenciado.

La viceconsejera no se ha pronunciado sobre la posibilidad de reubicar a los vecinos y ha negado rotundamente que su equipo esté preparando cualquier denominación especial de zonas de interés pintoresco o etnográfico. Esa era una de las ventanas que se abrían en los núcleos de Telde. El representante de los afectados por la Ley de Costas en Tufia, Javier López Irrutia, reconocía que el Gobierno estaba promoviendo esta calificación, lo que podría dar lugar a salvar el poblado si las islas consiguen la gestión del litoral.

El pasado domingo Rivero justificaba en su blog personal estas exigencias en que las decisiones tomadas desde el desconocimiento de las realidades insulares “desemboca a veces en decisiones que se mueven entre la injusticia, la inoportunidad y la torpeza”.

“Conforme a la Ley de Costas prefiero no pronunciarme”, ha dicho Medina, “porque entiendo que es una cuestión que se escapa ahora mismo a las competencias de Medio Ambiente y porque también entiendo que ahí habría mucho que decir y que hacer, no solo con el Estado, sino con Europa”. Para la viceconsejera socialista, la transferencia de las competencias no es más que “una cuestión coyuntural”: “Los gobierno pasan, entran otros y hay cuestiones que tienen que estar ahí, que tienen que prevalecer”.

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