Las Palmas de Gran Canaria abona a sus empleados los 2,5 millones de euros de las retribuciones perdidas con la RPT de 2015
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este jueves el abono a la plantilla municipal de más de 2,5 millones de euros en concepto del complemento de incompatibilidad que los empleados públicos dejaron de percibir en el anterior mandato.
Como explica el Consistorio, la decisión del anterior Gobierno municipal de suspender hace cinco años (acuerdo de la Junta de Gobierno del 27 de diciembre de 2012) los Pactos y Acuerdos firmados con los trabajadores del Ayuntamiento, llevó a los sindicatos a denunciarla ante los tribunales, cuyos jueces acabaron dándoles la razón en diferentes sentencias durante el año 2016.
La Junta de Gobierno de este jueves ha tomado razón de todas esas sentencias y ha acordado el pago del 100% del concepto de incompatibilidad de 2013 a todos los empleados municipales que venían percibiéndolo, antes de 15 días. El área de Recursos Humanos calcula que este complemento se abonará a los trabajadores a partir del lunes o martes de la próxima semana.
El actual Gobierno municipal recalca que en este tiempo ha mantenido un diálogo permanente y constructivo con la representación sindical de los trabajadores del Ayuntamiento para recuperar este y otros derechos que les fueron arrebatados en el anterior mandato, y en ese clima de entendimiento los sindicatos han desistido de requerir los intereses moratorios del aplazamiento de la deuda generada hace cuatro años. Por todo esto, la cantidad que el Ayuntamiento abonará a partir de la próxima semana a los empleados públicos es exactamente de 2.505.462 euros.
Este dinero que se pagará ahora se une a los más de siete millones que ya se han abonado por distintas sentencias judiciales que en los últimos años han tumbado numerosas decisiones del anterior mandato en materia laboral, entre ellas la relación de puestos de trabajo de 2014, anulada por los jueces y que supuso el desembolso el pasado año de más de cinco millones a las arcas municipales.
Además, las consecuencias de la anulación en diciembre de 2012 de los Pactos y Acuerdos se extiende a varios complementos y ayudas más que disfrutaban los trabajadores municipales y que también fueron eliminados por el anterior Gobierno local. Los complementos y ayudas anulados en 2012, y que también conllevan una sanción económica para las arcas municipales, son los premios de jubilación, las ayudas médicas y las ayudas por estudios. A estos pagos hay que sumar también a los que obliga la anulación por sentencia de la última RPT del anterior mandato, la aprobada en 2014 y declarada ilegal también por la Justicia.
Todos estos conceptos suponen un desembolso de cerca de 15 millones de euros más que el actual Gobierno municipal se ha comprometido a abonar antes de fin de año tras cerrar un acuerdo con los representantes de los trabajadores públicos.
El área de Recursos Humanos cuantifica en unos 24 millones de euros el coste de todas las sentencias judiciales que ha generado la política de personal del anterior Gobierno municipal y que se están pagando en el mandato actual.
