Las Palmas de Gran Canaria pagará de golpe a sus empleados las retribuciones perdidas con la RPT de 2015
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha comprometido verbalmente a abonar a sus empleados las retribuciones perdidas con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), elaborada por el anterior grupo de gobierno (Partido Popular) y anulada por la Justicia, tras incumplir el acuerdo alcanzado en noviembre de 2017 por el que se comprometía a pagar esas cantidades de forma fraccionada a partir de abril de este año.
Las secciones de Intersindical Canaria (IC), Unión General de Trabajadores (UGT) y la Central Independiente y de Funcionarios (C-SIF) en el consistorio capitalino han obtenido el compromiso de la corporación este jueves durante una reunión urgente de la Mesa General de Negociación Conjunta: abonar el 100% de las cantidades relativas al concepto de incompatibilidad, de obligado cumplimiento según una sentencia firme del 29 de junio de 2016, y el pago en un plazo de seis meses de la suma derivada de la anulación de la RPT de 2015 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de la capital, los sindicatos han pedido “la creación de una comisión paritaria para poder realizar un seguimiento del expediente y contar con la información necesaria”.
Desde IC afirman que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria concretará este nuevo acuerdo por escrito, aunque se muestran algo “escépticos” porque “·los mismos que incumplieron el acuerdo anterior son los que se han comprometido a firmar este”. Se refiere a la promesa del actual tripartito (PSOE, Nueva Canarias y LPGC Puede), que en noviembre del año pasado se comprometió a devolver de forma fraccionada al funcionariado el salario que le arrebató la RTP aprobada por el Consistorio capitalino en 2015, bajo mayoría absoluta del PP, y vigente hasta febrero de 2018, que provocó que cada empleado municipal haya sufrido, de media, una pérdida de 1.670 euros al año.
“Cuando nosotros nos reunimos, le pedimos en un primer momento el pago íntegro, pero nos dijeron que no podía ser porque de abonarlo de esa forma superarían el techo de gasto. Por lo tanto, se ven obligados a fraccionarlo. Ante esa circunstancia nosotros aceptamos: el Ayuntamiento dice que puede pagarnos al año 5 millones de euros y que nosotros planteemos el fraccionamiento, y propusimos el pago en dos mensualidades: una en abril y otra en noviembre”, explica el coordinador en la corporación de Intersindical Canaria, Sergio Melián.
Pero pasa abril y los funcionarios no reciben el dinero que les corresponde. Primero IC convoca una concentración de 10.30 a 11.00 horas frente al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desde el 10 hasta el 29 de mayo para protestar por este incumplimiento, que se debe principalmente a “la forma en la que Recursos Humanos ha hecho las cosas”, explica Melián. Para que el Ayuntamiento pudiese abonar las cantidades de forma fraccionada debía obtener un auto que se lo permitiese. Como no elevó su compromiso a los juzgados, Intervención municipal advirtió que las sentencias son firmes: se debe ejecutar el pago de forma íntegra.
“En una reunión que nosotros celebramos con la interventora, ella nos dijo que de forma verbal ya les había advertido anteriormente al Consistorio capitalino que el pago no podía ser fraccionado porque hay una sentencia y hay que ejecutarla tal y como dice”, relata Melián. Esta situación es producto de la desastrosa gestión de Juan José Cardona al frente de la corporación capitalina en materia de personal. Desde que en 2014 el exalcalde y actual presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas intentara sacar adelante una nueva Relación de Puestos de Trabajo, IC, UGT y C-SIF acuden al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de la capital grancanaria porque se había elaborado sin el consenso de la representación social.
“Ganamos la de 2014 y ya el actual grupo de gobierno ha pagado las retribuciones de ese año (más de dos millones de euros). En 2015 el PP hizo una modificación de la RPT (tras cuatro sentencias en contra y bajo amenaza de sanción), aunque ellos la vendieron como una nueva y nos reunieron hasta en cinco ocasiones (el anterior Gobierno municipal dedicó a esa negociación 13 días). Volvimos a denunciar por el mismo motivo y los juzgados nos dieron la razón: tampoco hubo negociación ni consenso en la segunda RPT. La de 2014 es nula y la de 2015 también, por lo tanto administrativa y jurídicamente en el Ayuntamiento hasta marzo de 2018 no ha existido RPT”, resume Melián.
El PP de Cardona también suspendió durante su legislatura el acuerdo firmado en 2008 por el que se le reconocía el concepto de incompatibilidad (plus que se abona a los empleados públicos por la imposibilidad de desempeñar un segundo puesto de trabajo) al 90% de la plantilla de trabajadores a pesar de haberlo recogido al inicio de su mandato. “Tomaron esta medida por la crisis económica, pero en 2013 el Ayuntamiento obtuvo superávit, por lo tanto el argumento que esgrimió ese grupo de gobierno no tenía fundamento y lo ganamos en los juzgados”, recuerdan desde IC.
Melián dice que la cantidad total que le debe el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a los trabajadores “no está cuantificado” porque, además “entran varios aspectos: otra sentencia, referida a la suspensión de pactos y acuerdos, ordena que deben pagarnos las ayudas sociales y el premio a la jubilación que van de 2013 al 2015, otra es la aportación del plan de pensiones, que también ganamos en 2015 y el Ayuntamiento dice que no lo quiere pagar porque lo prohíbe la Ley de Presupuestos Generales del Estado, a pesar de tener una sentencia firme”.
