Las Palmas, la segunda provincia con más desapariciones de alto riesgo

Las Palmas es, tras Barcelona, la provincia que más desapariciones catalogadas como de alto riesgo por las fuerzas de seguridad acumula en estos momentos en toda España, con 14 casos activos de ese tipo, según datos difundidos este martes por el Ministerio del Interior.

Las fuerzas de seguridad buscan en todo el país a 4.164 personas desaparecidas, la mayoría con más de 35 años y fundamentalmente hombres, un 74,3% del total.

Y, tras Barcelona y Las Palmas, Málaga, Baleares, Madrid y Murcia son las provincias donde se acumulan más casos de alto riesgo: 214.

Estas son algunas conclusiones de la primera radiografía de las personas desaparecidas en España que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha ofrecido a los medios de comunicación después de dar a conocer la situación a representantes de las asociaciones de búsqueda de desaparecidos SOS Desaparecidos, Inter SOS, QSD Global y Fundación Anar.

A todas ellas ha reunido el ministro antes de la conmemoración este jueves del Día Nacional de las Personas Desaparecidas sin causa aparente, para mostrar su compromiso con este fenómeno y para dejarles claro que detrás de cada cifra de búsqueda, lo que hay es una persona ausente y una familia “angustiada” que sufre “de una manera tremenda”.

“No vamos a defraudarles, pueden seguir contando con nuestra comprensión, cercanía y esfuerzo para que el reencuentro sea posible y cercano”, les ha dicho el titular de Interior, quien ha hecho hincapié en que todos los casos “son tratados con el mismo interés”.

Para ser más eficaces en esa promesa se pondrá en marcha en los próximos meses el Centro Nacional de Desaparecidos, el órgano que controlará y gestionará la base de datos de desaparecidos y restos humanos sin identificar, en el que estarán involucradas -“es la voluntad del Ministerio”, ha dicho- todas las policías autonómicas.

Zoido ha explicado que el primer análisis de la situación de los desaparecidos en España elaborado por su departamento revela que de las 121.118 denuncias desde 2010, hay activas en estos momentos un 3,4 por ciento -4.164 búsquedas-, ya que el resto han quedado sin efecto, aunque ha insistido en que las denuncias están “en continuo movimiento”.

De estos casos activos, las fuerzas de seguridad han confirmado su “alto riesgo” en 214 desapariciones y están pendientes de ratificar esa peligrosidad en otros 45 casos, en tanto que las restantes, un 93,78 por ciento -3.905 búsquedas- se encuadran en un riesgo limitado.

Aunque dos terceras partes de las denuncias son de desapariciones de menores, Zoido ha matizado que solo un 9,35 son de alto riesgo, ya que el resto de denuncias se explican, en su mayoría, por fugas de centros de menores o por problemas familiares de custodia, en los que los investigadores entienden que no es necesario activar los protocolos de búsqueda como el resto.

Como muestra, el informe concluye que casi la mitad de todas las denuncias presentadas ante la Policía Nacional desde 2010 de menores están relacionadas con fugas de sus centros de acogida.

Casi tres de cada diez ausentes tienen entre 36 y 50 años, un porcentaje ligeramente superior al siguiente segmento con más desaparecidos, el de mayores de 65 años (un 27%) y el de adultos entre 51 a 65 años (un 21,9%).

Cádiz encabeza la mayoría de las denuncias (588), seguida de Barcelona (396), Madrid (293), Granada (268), Málaga (253) y Almería (214), si bien el número de denuncias no es extrapolable al de denuncias o búsquedas activas de alto riesgo, pues aquí es Barcelona, con 46 casos, la provincia con más desaparecidos de este tipo, por delante de Las Palmas (14), Málaga (13) y Baleares, Madrid y Murcia (con 12 casos cada una).

Y de las 4.164 búsquedas activas, un 74,37% son de hombres, un porcentaje similar de las denuncias que son de desaparecidos españoles, frente al 24,77 por ciento que corresponde a los casos de extranjeros.

A este primer informe de la situación de los desaparecidos en España le seguirán otros análisis, ya que el Centro Nacional será no solo el punto de encuentro de las investigaciones de búsqueda y de las asociaciones, sino también una especie de “observatorio” del fenómeno, con el objetivo de que del estudio se puedan extraer, incluso, propuestas de reforma legislativas.