Los grupos del Parlamento piden al Gobierno que registre la denominación “guachinche” para evitar fraudes

El pleno del Parlamento de Canarias ha instado este miércoles por unanimidad al ejecutivo regional a que registre la denominación comercial “guachinche”, para evitar su utilización fraudulenta por establecimientos de restauración que no venden su propia cosecha de vino, como establece la normativa.

El Gobierno de Canarias aprobó un decreto en 2013 para regular esta actividad, que consiste en vender por un tiempo de cuatro meses la cosecha de vino propia en la vivienda o bodega del propietario, acompañada de una oferta limitada de platos tradicionales, pero, según el diputado de Podemos Francisco Déniz, ha llegado el momento de mejorar y actualizar la normativa sobre todo para evitar fraudes.

Déniz defendió una moción, apoyada por todos los grupos y a la que incorporó algunas enmiendas de Coalición Canaria, en la que lo primero que se plantea es que el Gobierno de Canarias registre la denominación comercial “guachinche”, como paso previo indispensable “para garantizar que su utilización se ajusta a los usos y costumbres construidos socialmente”.

Otra de las novedades de la propuesta de Podemos asumida por todo el Parlamento es que los propietarios de los guachinches puedan comercializar no solo el vino propio, sino también el procedente de explotaciones agrícolas del entorno inmediato.

Los propietarios de los guachinches podrán además abrir al público hasta un máximo de seis meses al año, en lugar de los cuatro a los que están limitados actualmente.

Francisco Déniz elogió los guachinches, habituales sobre todo en las zonas vinícolas del norte de Tenerife, como un ejemplo de emprendimiento de los agricultores para complementar su renta y el uso del suelo agrario, por lo que son además un factor de sostenibilidad y de conservación que repercute de forma beneficiosa en la gastronomía, el ocio y el empleo.

“Nos preocupa el uso indebido del nombre de guachinche cuando ni se vende vino de cosecha propia ni se ofrece comida tradicional”, dijo Déniz, y defendió que sean los ayuntamientos los que den la autorización definitiva de estos negocios.

David Cabrera, de CC, indicó que desde 2013 se han realizado sesenta inspecciones sobre los 163 guachinches registrados, la mayoría para comprobar que la actividad se ajusta a la regulación.

Agustín Hernández, del PP, indicó que al ser escasa la inspección no se ha podido atajar la competencia desleal, así que dudó de que con estas propuestas, que incluyen controles más exhaustivos, se puedan conseguir mejores resultados.