Protestas ante el Gobierno por un ''pelotazo'' sanitario
Los sindicatos representados en el Servicio Canario de la Salud (SCS) se han concentrado este martes ante la Presidencia del Gobierno para protestar por la privatización de los servicios de mantenimiento de los hospitales de Gran Canaria, una iniciativa que califican de “pelotazo”.
La presidenta de la Junta de Personal del SCS -órgano que reúne a los sindicatos CEMSATSE, SICS, CCOO, UGT, Intersindical, SEPCA, ASACA y CoBas-, Carmen Nuez, se ha solidarizado con la lucha de sus compañeros de mantenimiento y se ha posicionado “en contra” de la privatización de los servicios públicos.
Nuez ha denunciado que, basándose en un supuesto ahorro energético, el Gobierno canario ha contratado de forma “irregular” a trabajadores externos con el fin de “privatizar” el servicio de mantenimiento y, además, ha agregado que se teme que sea el “inicio de privatizaciones masivas, como viene ocurriendo en otras comunidades autónomas”.
En su opinión, el SCS posee recursos propios para tomar las medidas que necesita en eficiencia energética, ya que dispone de personal “experto y profesional” en el ámbito hospitalario. Por este motivo rechaza que esa gestión se ponga en manos privadas.
Carmen Nuez ha especificado que, en el Hospital Universitario de Canarias (Tenerife), esa eficiencia energética se realiza con el personal del SCS, sin que se contraten empresas externas “con ánimo de lucro”.
A su juicio, la privatización no garantiza una mejor atención a los usuarios del SCS, ni un ahorro económico -“como empresa privada, tiene que obtener unos beneficios”- ni la estabilidad laboral de los 160 trabajadores de los tres hospitales grancanarios y de la atención primaria.
Por su parte, el portavoz de mantenimiento de los hospitales grancanarios, Manuel Quesada, ha dicho que ya está confirmada la hoja de ruta de la Consejería de Sanidad para que se incorporen empresas externas “con la excusa de la eficiencia energética”.
Quesada ha apuntado que esta determinación del SCS puede terminar en los juzgados, como se ha visto en la península, porque “las cuentas no salen”.
“Quieren ahorrar uno o dos millones de euros en eficiencia, pero, por la puerta de atrás, se gastarán seis o siete millones en pagar a un intermediario por la entrega de la facturación energética, que es la de mayor volumen de Canarias”, ha subrayado .
En esa línea, ha apuntado que serán unos 35 millones de euros los que gestionará una empresa privada durante cinco años y que, lógicamente, habrá que pagar “las correspondientes comisiones y gastos derivados, por lo que las cuentas son totalmente negativas” para el SCS, los hospitales y los ciudadanos.
“Entendemos que aquí hay unas supuestas prácticas de prevaricación, malversación y corrupción. Desde septiembre lo denunciamos y nadie nos ha demostrado que estemos equivocados. Vamos a seguir con lupa en los próximos meses y años las cuentas y, si estas no salen, seguramente nos veremos en la Fiscalía Anticorrupción”, ha señalado Quesada.
