Oposiciones en Canarias

El sindicato ANPE pide al Gobierno medidas ante un posible “efecto llamada” de opositores de la Península

ANPE Canarias se ha reunido con la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, para exigir que el Ejecutivo dé opciones de estabilización a 4.333 interinos que residen en Canarias.

El sindicato alertó a Manuela Armas de un posible “efecto llamada” de docentes de la Península a Canarias y urgió a la Administración a incorporar al procedimiento medidas que permitan que el profesorado que lleva años prestando servicio en las Islas tenga la oportunidad real de obtener una plaza en el Archipiélago en el próximo concurso.

El Consejo de Ministros aprobó en abril un Real Decreto por el que se modificó el reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes. El Real Decreto regula dos procesos de estabilización del personal temporal.

El primero es a través de un sistema de ingreso por concurso-oposición, dirigido a plazas ocupadas por personal temporal en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020. Y el segundo, mediante concurso excepcional de méritos, que regula la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración, de plazas ocupadas con carácter temporal con anterioridad al 1 de enero de 2016.

En el concurso de méritos, la Consejería de Educación de Canarias ha anunciado que ofertará 4.333 plazas. Esta cantidad es muy superior a la que han anunciado otras comunidades autónomas, lo que puede generar un “efecto llamada” de docentes de la península a las Islas que perjudique a los aspirantes residentes en Canarias.

Por ello, ANPE entiende, por un lado, que el Ministerio debe exigir un estudio transparente a cada autonomía para verificar que oferta las plazas que le corresponden, según los criterios establecidos, y, por otro, que la Consejería ha de articular un sistema que promueva la estabilización de los interinos canarios.

ANPE propone que, para mitigar los efectos negativos que pueden derivarse de este procedimiento, Canarias incorpore en su convocatoria una jornada de formación presencial obligatoria para todos los aspirantes en la que se detallen las peculiaridades del sistema educativo archipielágico y se informe sobre los contenidos canarios que han de impartirse.

“En las últimas semanas hemos planteado esta necesidad también a los grupos parlamentarios. En ese sentido, hace unos días se aprobó por unanimidad una proposición no de ley (PNL). Agradecemos la sensibilidad de los diputados canarios con esta problemática. En este texto se hablaba de examinar a los opositores, pero nosotros consideramos que sería más factible, tanto desde el punto de vista logístico como jurídico, llevar a cabo una jornada de formación”, puntualizó Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias.

Dicha PNL partió del grupo Popular y fue defendida por la diputada Lorena Hernández, quien aceptó una enmienda conjunta de la Agrupación Socialista Gomera, Sí Podemos y PSOE para proponer al Gobierno que se coordine con el resto de comunidades autónomas para hacer coincidir las pruebas “en tiempo y forma”. El objetivo es que una prueba que exija la presencia física y un mínimo de conocimiento de contenidos canarios disuada “el efecto llamada” a opositores de otras comunidades autónomas, lo que puede impedir proporcionar la estabilidad a más de 4.300 docentes canarios, ha subrayado Lorena Hernández.

El futuro de miles de docentes, “en riesgo”

En el encuentro con la consejera estuvieron presentes el presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, el presidente de ANPE en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Víctor González, y la presidenta de ANPE en Las Palmas, María Perera. Los tres representantes sindicales alertaron a la titular de Educación de que está en riesgo el futuro de miles de docentes en el Archipiélago, que pueden perder la oportunidad de estabilizar sus puestos o, directamente, quedarse sin trabajo.

La consejera adelantó que el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, recibirá próximamente a todos los sindicatos, tal como habían demandado estos, para abordar el desafío de la estabilización del personal temporal.

Además de este asunto, el sindicato trató con la consejera otros temas, como los currículos, el acuerdo marco de incremento de plantillas en educación y la negociación de la orden de organización y funcionamiento.

Con respecto a los currículos, aún pendientes de aprobación, ANPE insistió en que no debe modificarse la carga lectiva actual y que una opción para evitar que algunas materias -como Dibujo, Música o Economía- perdieran tiempo de docencia sería detraer las horas de una asignatura nueva, “Trabajo monográfico”, cuya incorporación no es obligatoria.

En cuanto al aumento de plantillas anunciado por la Consejería de Educación en 1.600 plazas con respecto al curso 2019/20, los portavoces del sindicato reconocieron el trabajo de la Administración por reforzar el personal. “Se trata, sin duda de una buena noticia, pero insistimos en que sería recomendable garantizar que ese aumento de plantillas se mantiene en el tiempo y se traduce en una reducción de ratios. Por eso, seguimos planteando la aprobación de un plan plurianual de reducción de ratios”, reiteró Crespo.

Asimismo, la central sindical también exigió que la normativa que regula la organización y funcionamiento del próximo curso se apruebe en mesa sectorial y no se haga de forma unilateral, como el curso pasado, algo a lo que se comprometió la consejera.