El sindicato CSIF acusa a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de prohibir una asamblea de trabajadores

El sindicato CSIF ha acusado a a presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de prohibir la celebración de una asamblea de trabajadores, lo que, según la organización, supone “un atentado a los derechos” de los empleados  y sus representantes sindicales. 

CSIF explica que el pasado día 26 de junio, el comité de empresa convocó a todos los trabajadores a una asamblea general en los tres puertos de la provincia. En ellas se pretendía tratar asuntos de interés para la plantilla. A pesar de haber cumplido con todos los requisitos legales establecidos en el convenio, afirma CSIF, el mismo día señalado para su celebración (2 de julio) la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, mediante correo dirigido a toda la plantilla, “prohibió la realización de la misma”. En ese correo, añade CSIF, “asombrosamente, la presidenta de la entidad razonaba su decisión al no haberse llegado a un acuerdo con la jefa de Recursos Humanos, Carmen Gloria  Rodríguez, para que las actividades que se llevan a cabo en el puerto no se vieran alteradas con ocasión de la asamblea”. 

Sin embargo, según recuerda el sindicato, “no existe norma alguna que obligue a los representantes de los trabajadores a negociar la convocatoria de una asamblea de trabajadores, más allá de comunicarla en tiempo y forma”. Para que la actividad laboral no se vea afectada, la empresa tiene la potestad organizativa de establecer unos servicios esenciales y así se ha venido haciendo antes de la llegada de Beatriz Calzada al frente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, explica el sindicato.  

“Nunca, desde la llegada de la democracia al país y desde la legalización de los sindicatos, hubo algún directivo del puerto que se atreviera a prohibir una asamblea  de trabajadores. Incluso aquellos cargos dirigentes de las antiguas Juntas del Puerto, en los primeros años de la transición política, con claras reminiscencias franquistas, osaron poner en duda ese derecho de los trabajadores”, critica CSIF. 

“Para mayor infamia”, añade, “desde la gerencia de la empresa se dieron instrucciones a la Policía Portuaria para que se investigara si el día señalado para la asamblea se encontraban reunidos trabajadores con los miembros del comité de empresa con la intención de castigar a los participantes”.

El sindicato califica de “descabellado” que, “en un Estado de derecho consolidado una representante pública, como lo es Beatriz Calzada, se pueda permitir  prácticas antidemocráticas y represivas, propias de otros tiempos ya superados”. 

“La temeraria decisión tomada por la presidenta, entendida como un claro caso de abuso de autoridad, y una flagrante violación de los derechos de los trabajadores, nos obliga al margen de ponerlo en conocimiento de la ciudadanía, a remitir el caso a  los servicios jurídicos del sindicato, a fin de dirimir si se estaría vulnerando la Ley Orgánica de Libertad Sindical, así como derechos fundamentales consagrados en la misma Constitución Española”, lamenta el sindicato. 

Por último, CSIF se pregunta si este es “el ejemplo de buen gobierno y de una  administración del siglo XXI” que pretende el partido político Coalición Canaria para gobernar la región, y si, el presidente de la Comunidad autónoma, Fernando Clavijo, comparte lo que viene ocurriendo en la Autoridad Portuaria de Las Palmas  desde la llegada de la nueva rectora, “que tiene su culmen con los tristes acontecimientos de los que hemos sido testigos estos días”.