La Confederación Canaria de Empresarios rechaza la subida del salario mínimo a 900 euros porque “se ha prescindido del diálogo social”
La Confederación Canaria de Empresarios (CC) se ha manifestado en contra de la manera en la que el Gobierno (PSOE) y Unidos Podemos han pactado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 900 euros de cara a los Presupuestos Generales del Estado de 2019. “Es una decisión que corresponde al acuerdo entre sindicatos y patronales junto al Ejecutivo, pero se ha prescindido del diálogo social”, ha declarado a este periódico su presidente Agustín Manrique de Lara.
La patronal critica que, a pesar de que existía un acuerdo consensuado para una subida “de forma pausada” del SMI hasta los 1.000, “de forma unilateral el Gobierno ha dinamitado la negociación colectiva” con finalidades electorales, lo que a su juicio “elimina el punto de encuentro entre las demandas de los trabajadores y de los empresarios”.
Manrique de Lara aclara que la CCE no está en contra de una subida del SMI porque así “la población tendría más capacidad de consumir”, pero sí critica un aumento que no soporte la economía y que pueda perjudicar a las personas que “están en la banda salarial baja”; “especialmente a aquellos sectores de menor valor añadido, como agricultura o servicios”. En cualquier caso, no entra a valorar con detalle si le parece una medida positiva o negativa la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros mensuales en 14 pagas, y que beneficiará especialmente a Canarias.
“Si el Gobierno sube el 1 de enero el SMI a 900 euros y no pasa nada pues se ha hecho una buena medida. Si pasa algo, los más perjudicados son las personas a las que se intenta favorecer”, considera Manrique de Lara.
El secretario general de Comisiones Obreras en Canarias, Inocencio González, está de acuerdo con la patronal tanto en cuanto “las formas han fallado”, porque el acuerdo que han alcanzado PSOE y Podemos estaba sobre la mesa en el diálogo social y, a bajo su percepción, antes de anunciarla debían “pulsar la opinión” de trabajadores y empresarios. A pesar de ello, sí deja claro que lo ve como “una medida positiva y posible” porque “fomentaría un mayor nivel de consumo interno de las unidades familiares”.
Noemí Santana, secretaria general de Podemos en el Archipiélago, entiende que en la economía “hay filosofías más liberales que están en contra de la subida del salario mínimo interprofesional y otras más keynesianas interpretan que es positiva porque incrementa el consumo”. Pero bajo su punto de vista “los trabajadores deben tener unas condiciones de vida dignas”, con unas condiciones laborales “mejores”. Y para ello el aumento del SMI es fundamental, porque no solo ayudará a los trabajadores, sino que contribuirá a “fomentar y dinamizar la economía” pues “la gente podrá comprar más porque tendrá más dinero para hacerlo”.
El economista y presidente de la Zona Especial Canaria, Antonio Olivera, explica que los efectos de la subida del salario mínimo pueden llevar a determinados actores a interpretar que “si se encarece por la parte del salario, se van a contratar a menos personas”, pero se olvida que “si se le da mayor capacidad adquisitiva a los trabajadores pueden utilizar toda esa renta de más en consumo”.
Aunque Olivera reconoce que “hay dudas” sobre los efectos de la subida del SMI y existen “muchos estudios al respecto”, deja claro que lo importante es conocer si el colectivo que se beneficia de esta medida “transformará por completo ese incremento salarial en mayor consumo”.
Para el economista esta medida beneficiará principalmente a los colectivos especialmente vulnerables y considera “indudable” que “una subida del SMI reduce la desigualdad en el territorio en el que se aplica”. A su juicio, en Canarias tendrá “un efecto más positivo que negativo” porque se va a dirigir a los colectivos más vulnerables, es decir, cabezas de familias monoparentales con niños, sobre todo mujeres; a los jóvenes o los colectivos de mayores de 45 años, que transformarán ese salario en consumo“.
