Spínola tacha la reforma del aborto de ''ideológica''
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola (PSOE), ha lamentado este lunes la reforma de la Ley del Aborto, por ser “ideológica” y suponer “un atentado a la libertad de las mujeres y a los avances logrados en materia de igualdad”.
En un comunicado, Hernández Spínola opina que volver desde un sistema de plazos, el vigente, a otro con solo dos supuestos despenalizados, es “un despropósito en toda regla”.
“Supone un retroceso normativo, criminaliza a la mujer, fomenta la desigualdad social, promueve la inseguridad sanitaria y representa un grave atropello al derecho a la salud sexual y reproductiva”, sentencia el consejero canario, en un comunicado.
A su juicio, el PP impone sus planteamientos y rompe con esta ley “el amplio consenso” que existió en la adopción de la anterior de 2010.
Hernández Spínola sostiene que el PP “gobierna de espaldas a la realidad” y que esta reforma no responde a una demanda social mayoritaria, sino que crea un problema donde no lo había.
El debate sobre el derecho a la interrupción del embarazo “era una cuestión ya superada y aceptada mayoritariamente por la sociedad”, recalca.
En esa misma línea también se ha pronunciado la directora del Instituto Canario de Igualdad, Elena Máñez, quien señala “que los avances sociales y políticos conseguidos en los últimos 35 años están siendo desmantelados uno a uno por una derecha reaccionaria y retrógrada”.
Esta derecha, según Máñez, ha puesto el Estado “al servicio de los intereses particulares de una minoría que representa al liberalismo a ultranza en lo económico y a la ideología más conservadora en lo político y social”.
Hernández Spínola añade que se trata de la ley del aborto “más restrictiva de la democracia”, cuando la mayoría de los países europeos cuentan con leyes de plazos como la norma vigente, por lo que la reforma planteada por el PP no solo se aleja normativamente de estos, sino que “retrocede incluso más allá de la primera ley del año 1985”.
En su opinión, la reforma planteada por el Gobierno representa “un retroceso social y criminaliza a las mujeres” al penalizar la interrupción voluntaria del embarazo y convertirla en un acto clandestino.
Hernández Spínola califica la futura norma como “vergonzosa e hipócrita” y augura que fomentará “la desigualdad social” al “abocar” a las mujeres que no tienen recursos a llevar a cabo interrupciones del embarazo clandestinas y sin todas las garantías sanitarias.
Esta nueva ley, a su juicio, “no evitará la interrupción voluntaria del embarazo, pero sí provocará que más mujeres mueran o tengan graves secuelas en su salud como consecuencia de abortos clandestinos e inseguros, o que aquellas que tengan recursos económicos suficientes, acudan a clínicas extranjeras en cualquiera de los 20 países europeos cuya normativa sobre el aborto preserva el criterio de plazos”.
