Técnicos forestales piden endurecer las penas contra los pirómanos
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural ha lamentado este jueves en un comunicado la muerte de un profesional en el incendio de La Palma y ha pedido un endurecimiento de los castigos penales y económicos contra los incendiarios.
El Código Penal fija penas de prisión de 1 a 5 años y multa de 12 a 18 meses para los culpables de fuegos premeditados que, en caso de peligro para la vida o integridad física de las personas, se incrementan a penas de prisión de entre 10 y 20 años, recuerda el comunicado.
En el caso de que el incendiario sea detenido in fraganti antes de que el siniestro se propague es castigado con “una exigua pena” de entre 6 meses y 1 año, por lo que “lo más probable es que ese delincuente ni siquiera pise la cárcel”.
Aparte de la existencia de heridos o fallecidos por el fuego, el criterio para dictar una condena mayor o menor depende de varios factores: la importancia de la superficie quemada, la gravedad de los efectos erosivos en el suelo, la alteración significativa de las condiciones de vida animal o vegetal, la afección de un espacio natural protegido, el grado de deterioro o destrucción de recursos y los beneficios económicos que buscara el autor del incendio.
“No es nuevo afirmar que el 96% de los fuegos son provocados por causa humana” y que “casi la mitad de los grandes incendios forestales -más de 500 hectáreas- que generan un verdadero drama ecológico, económico y social, son intencionados”, insisten los forestales.
Por ello, reclaman que todo el peso de la ley caiga sobre los “terroristas ambientales” para que sus delitos no queden impunes y que, además, se remodele la legislación con objeto de imponer penas “mucho más duras que las actualmente existentes”.
Además, piden al gobierno una mayor sensibilización ambiental de la población, así como una mejor gestión forestal para no caer en el “grave error” de tratar el problema sólo bajo el punto de vista de la extinción y exclusivamente durante el verano ya que “debería estar presente todo el año”.
La situación económica ha provocado que “todas las comunidades autónomas hayan reducido de forma radical y dramática” las inversiones en el sector lo que, sumado al abandono de la actividad ganadera y forestal por falta de rentabilidad, la crisis del mundo rural por el éxodo de la población a las ciudades y unas condiciones meteorológicas severas puede terminar dando lugar a un panorama “dantesco”, advierte el comunicado.
