“¿Tendré que ver al agresor?”: hacia otro modelo de juzgados para proteger a menores y víctimas de violencia machista

“¿Tendré que volver a ver al agresor?” Es una de las primeras preguntas que formulan las víctimas de violencia de género cuando se informan sobre el proceso judicial si deciden interponer una denuncia. Así lo explican abogadas especializadas en estos casos, como Esther Perdomo, que considera que es necesario cuidar lo que ocurre dentro de las instalaciones de los juzgados. “Evitar encuentros desagradables, que el agresor haga algún tipo de gesto coercitivo, por ejemplo, es importante”, añade. Por ello, desde la viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias se está trabajando en un plan funcional para adaptar estos espacios y hacerlos más seguros para las víctimas. “La Justicia debe ser parte de la solución y no parte del problema”, resume la viceconsejera del área, Carla Vallejo, y añade que el nuevo plan funcional que impulsa su área supondrá “un cambio de paradigma”. Se comenzará con la protección a los menores creando espacios adaptados a sus necesidades y se continuará con actuaciones para los casos de violencia de género. 

El objetivo es evitar la doble victimización a la que se enfrentan las víctimas, es decir, acabar con el hecho de que después de sufrir el delito tengan que pasar por un periplo en los juzgados donde vuelvan a sufrir casi tanto como cuando se produjeron los hechos debido a esas horas de espera en los pasillos, al hecho de que se les tome declaración hasta dos y tres veces… Vallejo sostiene que puede valer con una sola toma de declaración y que se grabe con una serie de garantías en unas salas especiales que se están instalando en los órganos judiciales más importantes. “De lo que se trata es de evitar la victimización secundaria, que es un efecto constatado que se produce cuando una víctima denuncia un hecho y el sistema no la atiende como debería”, insiste. 

En el derecho penal, hasta el año 2015, el proceso se centraba en el investigado y en sus garantías, mientras que, a raíz de que ese año se aprobara, el Estatuto de la Víctima ha tomado un papel protagonista con unos derechos que también se deben proteger, de manera que esté informada, que reciba la asistencia adecuada y que no sea victimizada durante el proceso. “Es un cambio de paradigma que se va implantando tanto en la psicología de cómo trabajamos los operadores jurídicos como en los espacios, recursos personales, recursos materiales… y tenemos que hacer muchos cambios”, subraya la viceconsejera de Justicia de Canarias. 

La abogada especializada en violencia de género Esther Perdomo remarca que mejorar en esos itinerarios dentro de los juzgados es fundamental porque “atormenta” la idea de volver a ver a los agresores. Las víctimas de violencia de género disponen de una sala de espera específica, pero cuando el denunciado no está detenido hay posibilidades de encontrarse con él desde la puerta hasta el ascensor o las escaleras. Todo ese itinerario es el que se hace necesario cuidar para evitar traumatizar y generar momentos de ansiedad. Señala que el menor también tiene que ser escuchado, que hasta ahora entra por la misma puerta que el resto a los juzgados y que esta imagen impacta en la infancia. 

Casa de la infancia y otros avances

Vallejo explica que parte de este plan funcional que ha puesto en marcha la Consejería de Administración Pública y Justicia se financia con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que prevé que se comience en breve con las obras de la Casa de la Infancia en la que los menores se sientan escuchados en un espacio adaptado. Además, se trabaja para poder instalar una sala de víctimas en el juzgado de lo penal de Las Palmas de Gran Canaria que tiene competencias sobre violencia de género. Señala que estos espacios no se van a adaptar de cualquier manera y que se basarán en el concepto de “arquitectura de la víctima”. “Hemos encargado un plan funcional en el que no solo trabaja el arquitecto, sino psicólogos para diseñarlos de la manera que más adecuadamente ayude a que la víctima esté en calma y se encuentre bien, y eso tiene que ver con los colores, con la iluminación, el tipo de mobiliario y la idea es ir poco a poco desarrollando todos estos espacios de esfera en todos los órganos judiciales”, resume. 

En la actualidad, existen varias salas de espera adaptadas para menores que ahora serán renovadas con este nuevo diseño. El proyecto las unirá en una gran sala de espera y también se contará con otras dos salas privadas para casos especiales. Serán estancias que dispondrán de vegetación interior y mobiliario en tonos cálidos y ergonómicos para mejorar la confianza de las personas. De esta manera, se dará cumplimiento además a la nueva Ley de la Infancia que precisamente hace hincapié en el derecho de los menores a ser escuchados y que su atención se realice en un entorno amigable. A ello se suma también un proyecto piloto que arrancará en octubre; el primer juzgado de España especializado en violencia contra la infancia. Se trata de una iniciativa impulsada por la Junta de Jueces de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria y avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Tendrá una duración de dos años. El juez titular del juzgado de instrucción número tres, Tomás Luis Martín, dirigirá el proyecto. 

Más medios y herramientas para asesorarse

El Gobierno de Canarias también ha impulsado recientemente una oficina virtual de atención a las víctimas del delito, que hace especial hincapié en las de violencia de género, de agresiones sexuales y a los menores que hayan sufrido un delito. La persona usuaria siempre dispondrá de la opción de ocultar la conversación y marcarla como modo incógnito para que su visita a la web no deje rastro en el dispositivo desde el que se conecta. El servicio cuenta con dos profesionales de la Psicología y tres profesionales del Derecho, con formación especializada y experiencia acreditada en el ámbito de la victimología y la violencia machista. Se trata de una herramienta más mediante la que facilitar información.  

La falta de medios ha sido denunciada en los últimos años por parte de las abogadas especializadas en violencia de género y en delitos contra los menores. La viceconsejera de Justicia explica que al poner a la víctima en el centro se ha puesto de manifiesto que, por ejemplo, en los institutos de medicina legal su estructura tradicional basada fundamentalmente en la investigación tiene que completarse con otros perfiles como trabajadores sociales y psicólogos que realicen la valoración de riesgo en el caso de las víctimas de violencia de género. En este sentido, apunta que estructuralmente en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) se ha potenciado más la parte de la ciencia que esa parte social. Esta situación se ha intentado paliar a través de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de manera que se han incorporado desde finales de 2019 cinco psicólogos en Las Palmas y otros cinco en el de Tenerife. Son colaboradores externos especialistas en violencia de género y sexual tanto en mujeres como en niños y niñas. El objetivo es que esos informes no se demoren. 

En los últimos meses ha cobrado actualidad el concepto de violencia vicaria, en el que los agresores machistas tratan de hacer daño a las madres a través de sus hijos. Las expertas recomiendan que siempre se proteja al menor y apuestan por los puntos de encuentro familiar siempre que se den las condiciones. Vallejo indica que desde el pasado año la Viceconsejería cumple con que exista una red de puntos de encuentro que garantice al menos uno en cada isla y que con los datos que dispongan del número de atenciones y de los tiempos de espera a final de año se analizará si es necesario crear más, ya que ha sido una de las prioridades de su equipo.