Los trabajadores sociales declaran la emergencia social por impago de la PCI

Los Colegios Profesionales de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas han solicitado este martes al Gobierno de Canarias que tome medidas “directas y urgentes” para agilizar el cobro de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y el acceso a las prestaciones y recursos de la Ley de Dependencia.

De esta forma, los trabajadores sociales muestran su preocupación por  la  situación de “vulnerabilidad y exclusión social de miles de canarias y canarios”. Y, aunque valoran las declaraciones de los nuevos responsables de las Políticas Sociales del Archipiélago, también destacan su preocupación porque las  condiciones socioeconómicas de la población no han visto “ninguna mejora sustancial en los últimos meses”. 

“Esta realidad nos la transmiten las trabajadoras y trabajadores sociales que ejercen su trabajo en los Servicios Sociales de diferentes instituciones y en las ONGs que trabajan con las personas que sufren situaciones de precariedad y vulnerabilidad social”, aseguran.

Además, señalan que todavía existen muchas  familias  que,  siendo  posibles  perceptoras  de  la  Prestación Canaria de Inserción y teniendo sus  expedientes  valorados  positivamente,  desde  la Dirección General de Bienestar Social no han recibido la misma por haberse agotado la partida presupuestaria, hecho que ya fue denunciado en el primer trimestre del año por ambos Colegios Profesionales.

También lo indicaron en noviembre del pasado año cuando salieron a la luz los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma aprobados por los mismos partidos que han firmado el nuevo pacto autonómico y recuerdan que la Prestación Canaria de Inserción es para muchas familias la única posibilidad de ingresos.

No obstante, valoran que la viceconsejera de Políticas Sociales y Vivienda, Isabel Mena, haya denunciado el intento de “maquillar” los datos de la aplicación de la Ley de Dependencia por parte de los anteriores responsables de ese departamento y respaldan su decisión de realizar una investigación “de esos graves hechos”.

“Por eso pedimos que  los nuevos responsables demuestren su voluntad de cambiar la situación actual apostando por un incremento de los presupuestos destinados a las Políticas Sociales y por una nueva Ley de Servicios Sociales que se haga con la participación de todas las organizaciones que estamos trabajando en este sector”, concluyen.