El Tribunal de Cuentas recuerda a las universidades que deben cumplir la ley y ser más transparentes
La Conferencia de Consejos Sociales de Universidades (CCS) y el Tribunal de Cuentas han organizado un nuevo encuentro de trabajo en Oviedo, cuyo eje central ha sido la transparencia en las instituciones públicas, y concretamente en las universidades españolas.
El Presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, destacó que “la Universidad, como institución pública, está obligada a cumplir lo establecido en la ley y debe interiorizar la transparencia en su gestión. Resulta fundamental que desde la Universidad se forme a los ciudadanos para hacer un uso eficiente de su derecho a la información”.
En estas jornadas, a las que acudieron el presidente, vicepresidente y secretario del Consejo Social de la ULPGC, Ángel Tristán, Jesús León y Miguel Ángel Acosta, la Conferencia de Consejos Sociales ha pretendido abrir un foro de debate y cooperación conjunta con el Tribunal de Cuentas, para reforzar el papel de supervisión y control de los Consejos Sociales en la gestión universitaria.
Según señala la organización en un comunicado, el presidente del Tribunal de Cuentas ha sido el encargado de abrir la primera sesión, en la que se ha analizado la transparencia como fundamento de la gestión pública, y ha destacado que la transparencia implica facilitar la información pero, también, rendir cuentas “porque no hay transparencia sin responsabilidad”. Además, ha incidido en la importancia de la eficacia en la gestión -que afecta tanto a la relación entre Administración y ciudadanos como a la organización interna- y del comportamiento ético de los agentes implicados como elementos ineludibles para que las instituciones recuperen su credibilidad.
Durante el debate de esta ponencia, el presidente del Consejo Social de la ULPGC, Ángel Tristán, intervino para considerar que “siendo la transparencia un ejercicio ineludible, primero es preciso que la información económica esté debidamente auditada por el Consejo Social, a quien le compete esta función en aplicación de la Ley Orgánica de Universidades, y también, el control de la eficiencia”. Consideró que no bastaba con la mera publicación de datos, sino que era imprescindible que dichos datos estuvieran respaldados por la supervisión encomendada por el legislador a los Consejos Sociales.
A este respecto, Ángel Tristán señaló que era “preocupante que las universidades, por lo general, salvo excepciones, no hicieran caso de las reiteradas recomendaciones del Tribunal de Cuentas y de los órganos de control externos, como tribunales de cuentas autonómicos, audiencias, sindicaturas, consellos, según la denominación que se les dé en cada comunidad autónoma”. Se refirió, por ejemplo, a recomendaciones que se reiteran desde el informe de 2002 y que se recordaron en el de 2012. “La necesidad de implantar la contabilidad analítica o de costes; dotar a los consejos sociales del personal cualificado y medios técnicos que ellos consideren precisos para abordar sus funciones; implantar sistemas de control horario de la docencia; la necesidad de que los servicios de control interno dependan de los consejos sociales, caso en que Canarias y Asturias son una referencia”.
Tristán señaló que tanto retraso en cumplir estas recomendaciones “tan sensatas y elementales” podría interpretarse “por algunos” como un deliberado obstruccionismo para impedir que los consejos sociales desarrollen en plenitud sus responsabilidades, y que el Tribunal de Cuentas del Estado debería insistir sobre ello.
Reflexionó el presidente del Consejo Social de la ULPGC y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Española de Consejos Sociales, de las universidades públicas y las privadas en la actualidad, que “seguramente no puede hablarse de que esta actitud se trate de un desacato, pero si no lo es, lo que sí es, es un claro desprecio al Tribunal de Cuentas y una irresponsabilidad. Ya hemos visto lo que está pasando en el ámbito local y en otras instituciones”.
