Detenidas 10 personas e imputadas otras cuatro en Canarias por defraudar más de 3 millones a la Seguridad Social

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha detenido a 10 personas e imputado a otras cuatro en Canarias por presuntamente defraudar más de tres millones de euros a la Seguridad Social.

La operación, que se ha realizado contra personas y sociedades por fraude a la Seguridad Social, comenzó a principios del año 2021 después de recibir un escrito-denuncia de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Las Palmas en el que se exponían irregularidades en varias empresas ubicadas en dicha provincia.

En concreto, se ha descubierto que los empresarios de las sociedades investigadas “no abonaban sus propios seguros sociales ni de sus trabajadores”, lo que les permitía incrementar el margen de beneficio en la actividad mercantil con el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social, según ha informado la Policía Nacional.

Asimismo, en el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores, los investigadores comprobaron que, en todos los casos, se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, creando una sucesión empresarial que ocultaba los beneficios y bienes de las sociedades investigadas.

Además a pesar de carecer de bienes a su nombre, en sus cuentas bancarias ingresaban elevadas cantidades de dinero sin utilizarlo para reducir las deudas generadas.

Esta investigación ha permitido a los agentes determinar la participación delictiva de 14 personas, siendo principalmente los administradores de hecho de las empresas, sus testaferros o personas interpuestas, así como familiares de los primeros, por lo que se les imputan delitos Contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones) y Frustración de la Ejecución.

Fraudes

En cuanto a los supuestos fraudes investigados, los agentes citan el de una Sociedad Cooperativa dedicada a espectáculos musicales que infringía los principios generales de este tipo de sociedades al no tener cooperativistas y dar de alta a trabajadores en el Régimen General.

Además en su caso únicamente realizaban la facturación de sus actuaciones musicales de grupos externos a la cooperativa, cobrándole un importe superior a 60 euros mensuales a cada músico por dicho servicio. Así, cuando la sociedad se vio asolada por la deuda contraída con la Seguridad Social, traspasó tanto la actividad como los trabajadores a una empresa unipersonal para dificultar los distintos embargos iniciados por el organismo público, distrayendo sus bienes y ocultando su situación real.

En su caso, la Seguridad Social inició sendos expedientes de derivación de responsabilidad solidaria de la deuda de la sociedad cooperativa a los integrantes del Consejo Rector de la misma, presentando los mismos un certificado que les desvinculaba de la dirección de la mercantil que se demostró no válido por el Registro de Cooperativas de Canarias, quien indicó entre otras cosas que no se había cumplido la obligación de presentación en tiempo y forma, así como que el certificado no cumplía las exigencias requeridas a este tipo de entidades, ya que una única persona aglutinaba todos los cargos de dicho Consejo Rector.

Por otro lado, realizaron cuatro investigaciones relacionadas con empresas dedicadas al sector de la construcción, reformas y transporte de materiales, que aglutinaron una deuda de más de 1,5 millones de euros, valiéndose de sociedades y personas físicas interpuestas para “engañar” a la Seguridad Social y evitar las acciones tendentes al cobro de la deuda iniciada por ésta.

En estas investigaciones los agentes encontraron a un constructor, reincidente en esta tipología delictiva y a otro empresario que se valía de la constitución de sociedades sin actividad, ni trabajadores, por lo que estaba libre de cargas con la Administración Pública, permitiéndoles optar y ganar diversos concursos públicos.

Asimismo, en otra de las investigaciones, descubrieron la operativa utilizada por un empresario británico, que desviaba los beneficios obtenidos por las sociedades en España a cuentas ubicadas tanto en el Reino Unido como en países que operan con una fiscalidad menos restrictiva.

Finalmente, descubrieron que el responsable de una empresa dedicada al sector de la restauración, que estaba “en boga en la isla de La Palma”, apostaba los salarios de los empleados en distintos juegos de azar, lo que repercutía a los trabajadores al deberles varias mensualidades y creando una situación de precariedad.

En relación a este caso, uno de los trabajadores expuso que, en alguna ocasión, recibió su sueldo en boletos de juegos premiados y en las ganancias obtenidas por el administrador en las máquinas tragaperras.