Seis mil euros para admitir la querella contra el director del IML en Tenerife
Seis mil euros. Esa es la fianza que la jueza del juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de La Laguna requiere a la Plataforma para la Defensa de las Buenas Prácticas en Psicología Forense como condición para admitir a trámite la querella que esa asociación interpuso en diciembre de 2013 contra Jesús Vega, director del Instituto de Medicina Legal (IML) de Santa Cruz de Tenerife, al que acusan de prevaricación y falsedad documental.
La querella se debe al informe supuestamente falso y favorable por parte de Vega hacia su compañero y psicólogo forense del IML, Enrique Armas Vargas, al que habría exculpado ante la Fiscalía provincial de Santa Cruz de Tenerife de utilizar indebidamente y mezclados los test homologados que sirvieron a Armas para los informes judiciales en casos de violencia machista, acosos laborales, acosos a menores o custodias en divorcios, cuyos resultados se habrían podido usar para investigaciones privadas, con una población forense de más de 400 personas que habría participado de esas investigaciones sin saberlo.
Ambas casos, el de Vega y Armas (a este último se le acusa de falso testimonio, falsedad de documento público, uso de información privilegiada de funcionario público y prevaricación), han recaído en el mismo juzgado 4 de Instrucción de La Laguna, y por personarse en la causa contra Armas, la jueza Ana Serrano Jover-González pide otros 6.000 euros.
Las dos fianzas han sido recurridas por “abusivas y atentatorias contra el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva”, según señaló a Tenerife Ahora la Plataforma, tras compararlas con los simbólicos 300 euros que se pidió por la personación popular en el caso Urdangarín o en el de los ERE en Andalucía.
Causas ligadas pero distintas
Sin embargo, y pese a que ambos casos van unidos de la mano, son causas distintas, como recordó la Plataforma a este periódico, ya que los denunciantes son diferentes. “En el caso de Armas, los denunciantes y su recurso son un grupo de personas físicas, y en el caso de Jesús Vega, la denuncia y el recurso contra la fianza es de una asociación, es decir, una persona jurídica. No cabe mezclar una causa con la otra como ha hecho el juzgado”.
Y ello es así porque en la providencia de la magistrada, con fecha de 1 de septiembre pasado, se indica que se admite la querella contra Jesús Vega porque la Audiencia Provincial ordenó en julio pasado la reapertura de la causa contra Enrique Armas, que esa misma jueza archivó en septiembre de 2013 por considerar que no había indicios de delito.
Sin embargo, no es lo que opina la sección sexta que, en su auto de julio pasado, estima que, al menos, sí hay indicios de posible falso testimonio “que no exige que el perito falte sustancialmente a la verdad, siendo suficiente que la altere con reticencias o inexactitudes, o bien silenciando hechos o datos relevantes que le fueren conocidos”, por lo que pide que haya una investigación, eso sí, sujeta a la fianza que determine la jueza de instrucción.
