Arcila pregunta a cuánto asciende la deuda de concesionarias “que no pagan impuestos”
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, preguntará en la próxima Comisión de Control a cuánto asciende la deuda de las empresas concesionarias de servicios públicos o adjudicatarias de dominio público que están eludiendo el pago de aquellos tributos que son competencia municipal, tales como el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
El concejal señala que la pregunta, que deberá ser respondida en la sesión del próximo día 17, obedece al hecho constatado por el área local de Hacienda de que, como consecuencia del Plan de Control Tributario Municipal aprobado en 2014 y de las actuaciones inspectoras normales del Ayuntamiento, han aflorado incumplimientos tributarios de determinadas adjudicatarias, algo que ya fue advertido por el propio Arcila desde el pasado de marzo, lo que provocó una pregunta al Pleno que nunca fue respondida por el Gobierno local.
Arcila teme que haya empresas, entre las que señala a la concesionaria del servicio de cementerios, Cetensa, que estén empleando fórmulas y procedimientos para eludir el pago de aquellos impuestos cuya recaudación es competencia del Ayuntamiento y le recuerda al alcalde, José Manuel Bermúdez, que estas prácticas están contempladas en los pliegos de condiciones de los servicios y dominios adjudicados como causa de rescisión automática del contrato.
En su pregunta por escrito, el portavoz ecosocialista pide que se le indique la cuantía de estos incumplimientos, detallada por años y sobre cada servicio público. Además, quiere saber qué actuaciones ha realizado el grupo de gobierno a la vista de estos “incumplimientos” en el ámbito de la relación contractual mantenida con las concesionarias que estén faltando a sus deberes tributarios.
Arcila cree positivo que el Ayuntamiento, como consecuencia de la presión ejercida por Sí Se Puede desde el pasado mes de marzo, haya agilizado la acción fiscalizadora a través de las herramientas de las cuales dispone, una acción que, además, está prevista en los planes parciales derivados del Plan de Control Tributario y que también forma parte de las actuaciones normales de inspección.
Sin embargo, sostiene que la revelación de estos incumplimientos no tiene sentido por sí misma si el Ayuntamiento no ejerce posteriormente las medidas sancionadoras que correspondan.
