El Ayuntamiento de Arona inicia el trámite para anular el expediente urbanístico de Guaza que benefició al promotor de El Camisón

El Ayuntamiento de Arona, mediante una resolución a la que ha tenido acceso Mírame Televisión, ordenó el pasado 26 de octubre el inicio de la revisión de oficio del expediente que permitió al empresario Diego Cano, promotor del centro comercial de El Camisón, consolidar el uso de una nave industrial abandonada en Guaza. El documento, que está firmado por el alcalde, José Julián Mena, supone el primer trámite de cara a la posible anulación de un procedimiento donde la secretaria municipal detectó “graves irregularidades”.

La decisión del alcalde de Arona se produce después de que el actual secretario municipal, en un informe emitido el pasado 22 de octubre, respaldara el criterio manifestado por su predecesora en el cargo en dos dictámenes anteriores. La funcionaria advirtió a finales de 2018 de que el expediente que ahora será revisado contenía anomalías administrativas que podrían provocar su nulidad. Un criterio que volvió a ratificar en marzo de 2019 en un segundo escrito.

En la resolución de Mena se acuerda “iniciar el procedimiento de revisión de oficio del acto administrativo”, a través del que se autorizó la consolidación del uso comercial de la planta baja de una nave industrial abandonada en Guaza a la sociedad Melisofi Consulting SL, “por considerar que podría estar incurso en causa de nulidad” de pleno derecho. 

El documento suspende la ejecución del acto al considerar que “podría causar perjuicios de imposible o difícil reparación” y da un plazo de 15 días a los afectados para presentar alegaciones. Una vez finalice el trámite de audiencia, un técnico municipal tendrá que emitir un informe sobre la conveniencia o no de anular la resolución de Guaza. De ser favorable a la nulidad, se elevará una propuesta al Consejo Consultivo de Canarias, cuyo dictamen tiene carácter vinculante.

El posicionamiento del alcalde a favor de la revisión de oficio refuerza la postura de la anterior secretaria, que se vio inmersa en un conflicto interno con otros funcionarios, especialmente con el arquitecto municipal que informó a favor de consolidar el uso de la nave de Guaza, y que engordó una guerra política que derivó en la destitución del exconcejal de Urbanismo Luis García.

Las discrepancias entre la funcionaria y el jefe de Servicio de Disciplina Urbanística surgieron a raíz de la decisión de la secretaria de pedir la revisión de oficio del expediente de Guaza. La base del conflicto radica en la interpretación que cada uno hace de la Ley del Suelo de Canarias en relación a los procedimientos para consolidar el uso de un inmueble que se encuentre fuera de ordenación por ser contrario al planeamiento municipal vigente.

Discrepancia

Mientras que la secretaria, que es la máxima autoridad jurídica de un ayuntamiento, considera que es necesario acreditar que haya existido actividad comercial en los últimos cuatro años de forma ininterrumpida para consolidar el uso; el arquitecto municipal sostiene que basta con demostrar que el inmueble se ha utilizado una sola vez en los 48 meses previos a la resolución.

La controversia es importante en el caso de la nave industrial de Guaza, ya que tanto los informes de la Policía Local como las facturas de agua y de luz aportadas por el promotor demuestran que el inmueble no ha tenido actividad en, al menos, los últimos seis años. Una situación que corroboran los vecinos de la zona, que aseguran que el edificio ha estado abandonado desde que cerró el anterior concesionario de coches, y que se puede comprobar en las imágenes aéreas de la parcela publicadas por la empresa Grafcan.

A pesar de la falta de actividad, los informes técnicos y jurídicos fueron favorables al dar plena credibilidad a un certificado aportado por la empresa. Este hecho motivó que el entonces concejal de Urbanismo dictara la resolución para consolidar el uso comercial del edificio. De esta forma, Melisofi Consulting SL pudo legalizar la situación de la parcela y vender la nave industrial a Canary Islands Cars SL (Cicar).

El propio jefe de Servicio de Disciplina y Gestión Urbanística concluye en su dictamen previo a la resolución del concejal que “se considera, en atención a lo declarado en el referido certificado y bajo la exclusiva responsabilidad de su autor, que la edificación y el local concreto que son objeto del presente informe se encuentran totalmente terminados, que cuentan con una antigüedad superior a cuatro años, y que en el referido local viene realizándose, durante ese mismo período de tiempo y de manera efectiva, el uso comercial en planta baja”.

El 20 de junio de 2018, el concejal de Urbanismo, que días después de que entrara la solicitud de la empresa en el Ayuntamiento había ordenado su tramitación “a la mayor brevedad posible por necesidad imperiosa”, dictó la resolución que permitía consolidar el uso comercial de la planta baja de la nave industrial de Guaza. Una decisión que benefició a Diego Cano un año después de que el Ayuntamiento paralizara las obras del centro comercial de El Camisón por irregularidades urbanísticas, lo que ha dado pie a la apertura de una investigación de oficio en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

En el expediente que ahora será analizado con lupa nadie dio la voz de alarma. Fue un segundo procedimiento, iniciado después de que el empresario reclamara que también se consolidara de forma compatible el uso del sótano del inmueble, lo que provocó la intervención de la secretaria, que advirtió de la posible existencia de irregularidades por no quedar acreditada la utilización del edificio en los últimos cuatro años. Fue entonces cuando la funcionaria solicitó un informe de la Policía Local con el que, el 3 de diciembre de 2018, emitió el dictamen para solicitar la revisión de oficio del acto administrativo.

Antes de que la funcionaria frenara la tramitación, la segunda petición de Diego Cano también había recibido el visto bueno técnico y jurídico. En el informe del arquitecto municipal se llega a afirmar que, tras una inspección de reconocimiento, “en el momento de la visita se realizaba en la planta baja, de manera efectiva, el uso comercial”. 

Crisis interna

La intervención de la secretaria frenó la segunda resolución y abrió una crisis interna que se desarrolló a lo largo de 2019 con duras acusaciones cruzadas entre la funcionaria y el jefe de Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística. En medio del duelo de reproches, y a raíz del informe de la Policía Local que constató la falta de uso del edificio, el jurista que había informado a favor en los expedientes dio marcha atrás al considerar que se había producido una “flagrante falsedad documental” en el certificado aportado por la empresa.

El escrito del jurista se produjo en respuesta a una providencia del concejal de Urbanismo, que pidió al técnico, el 5 de agosto de 2019, que iniciase “el procedimiento para declarar la nulidad de la resolución” que consolidó el uso de la parcela. El letrado municipal se negó al considerar que el informe que paró el expediente fue realizado por la secretaria municipal “y no por quien suscribe”, por lo que calificó la instrucción de contraria a la legalidad. 

En medio del conflicto interno tuvo lugar la intervención del abogado Felipe Campos, que solicitó hasta en diez ocasiones el expediente de Guaza y que ha presentado un contencioso-administrativo en los juzgados. El concejal Luis García, después de ser destituido, denunció en la Fiscalía una presunta red de extorsión de la que formaría parte el letrado, lo que también ha desencadenado la apertura de un expediente por parte del Ministerio Público. 

Todo ello paralizó la tramitación de la posible revisión de oficio y no fue hasta el pasado 10 de septiembre de 2020 cuando el alcalde pidió al actual secretario un nuevo pronunciamiento. El informe del funcionario llegó el 22 de septiembre y, un mes y cuatro días después, Mena ha firmado la orden para iniciar el procedimiento que conllevará la posible anulación de la resolución que firmó Luis García.