El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se persona como actor civil en la causa de los pagos supuestamente irregulares a Sacyr

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han determinado que el consistorio debe personarse como actor civil en las diligencias previas abiertas en el juzgado por los pagos supuestamente irregulares de la Empresa Mixta de Aguas (Emmasa) a Sacyr. El informe, elaborado a instancias del alcalde, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), indica que la conveniencia en la personación de esta fórmula jurídica viene dada por diferentes autos judiciales dictados con anterioridad, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado. Estos autos establecen que la administración pública puede personarse como perjudicada cuando es titular del bien jurídico protegido, lo que coincide con la causa a la que se refiere este informe.

También se inició un procedimiento en la Junta de Gobierno local, en febrero de este año, para dar instrucciones a Emmasa para que iniciase las acciones oportunas para reclamar la devolución de dichas cantidades que fueron abonadas de forma supuestamente irregular durante años a Sacyr, cuando gobernaba Coalición Canaria en el municipio, en concepto de canon por el uso de la red municipal.

Al mismo tiempo, y en el mismo acuerdo, se requería de manera definitiva a la empresa de aguas a que cesase de manera inmediata al abono de dichos pagos, tras desestimar las alegaciones presentadas por Emmasa en contra de esta instrucción. Esta situación es consecuencia del expediente iniciado en 2019 por técnicos del Ayuntamiento, a cuyo frente se encontraba la socialista Patricia Hernández, después de meses de análisis y de una auditoría externa realizada en 2018 sobre la situación financiera de Emmasa y dichos pagos periódicos efectuados a Sacyr desde 2007.

El concejal de Presidencia y Planificación, Alfonso Cabello, ha manifestado que “el informe viene a aportar luz respecto a cómo el Ayuntamiento debe afrontar la causa abierta en los juzgados, para que en todo momento los derechos de este consistorio, y en consecuencia de la ciudad, estén defendidos de manera correcta”.

El criterio utilizado por los servicios jurídicos es el mismo que se ha aplicado por el mismo servicio en otros procesos relacionados con asuntos de seguridad vial o, recientemente, en procesos como el caso de Las Teresitas o el caso Casa Siliuto. 

Toda este entramado se descubrió en 2018, cuando Emmasa reclamó al Ayuntamiento una subida de la tarifa del agua para los vecinos y vecinas de Santa Cruz de Tenerife con la justificación de equilibrar las cuentas de la sociedad. Entonces quedó al descubierto que Sacyr recuperaría los 59 millones aportados en el año 2005, otros 3 más en intereses, 80 millones por el 5,5% de la facturación anual de Emmasa, y aproximadamente 156 más en concepto de reparto de dividendos por los beneficios durante los 25 años de vida del contrato.

Es decir, unos empresarios aportan un dinero aparentemente beneficioso para la ciudad, pero lo recuperan sin riesgo y multiplicando por cinco la supuesta inversión en un corto espacio de tiempo a través de los recibos del agua que paga la ciudadanía para poder disfrutar del servicio.