Catorce imputados y dos testigos llamados a declarar en el caso Arona 2
La titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Arona, Cristina Escamilla, ha llamado a declarar a catorce imputados y a dos testigos relacionados con el llamado caso Arona 2. Esta causa se divide en dos partes, una investiga la concesión de unas licencias y otra todo lo relacionado con la presunta comisión de un delito de prevaricación a raíz de la aprobación parcial del Plan General de Ordenación (PGO) del municipio en 2010.
Las comparecencias se llevarán a cabo entre los días 20 de abril y 11 de mayo. En la primera fecha han sido llamados a declarar en calidad de imputados o investigados, según la reforma de la Ley Penal, el exconcejal de Urbanismo y teniente de alcalde, Antonio Sosa, la exconcejal de Recursos Humanos y Hacienda, María Candelaria Padrón, y el exconcejal de Cultura, Miguel Ángel Méndez, todos ellos de Coalición Canaria (CC), y el abogado Jesús Ramón García.
Han sido citados para comparecer también como imputados justo una semana más tarde, Antonio Miguel García Marichal, actual consejero insular y portavoz de CC en el Cabildo, el exconcejal de Deportes, Francisco Enrique Toledo y la exedil, Martina Melo Melo, ambos de CC . También está llamado a declarar Manuel Reverón González, familiar del anterior alcalde, José Antonio Reverón.
La actual concejal de CC en Arona, Clara María Pérez, el exconcejal de Turismo, Ángel David Herrera y la exconcejal, Dácil María García, ambos también de CC y Pedro Antonio González, quien fue miembro de la Corporación local por el Centro de Arona (CAN), prestarán declaración como investigados el 4 de mayo. Finalmente, en esta misma situación procesal comparecerán el día 11 de mayo los exconcejales José Agustín Sierra Fumero y José Esteban Alayón, ambos del Partido Popular (PP). Como testigos lo harán el arquitecto Jorge Cordech y el exsecretario Cristian Marcelino, ambos el 4 de abril.
En esta causa también permanecen como imputados la diputada nacional en funciones y concejal del PP en Arona, Águeda Fumero, el exalcalde y los exconcejales José Luis González, del Centro Canario Nacionalista (CCN), Manuel Barrios Rodríguez, del CAN, el exresponsable de Hacienda de CC, Sebastián Martín Martín, el exconcejal del PP, Félix Sierra, Daniel Martín Navarro (CAN) y Juan José Alayón Beltrán y Alfonso Barroso Armas también de CC. Todos ellos, menos Fumero y Sebastián Martín, se sentarán en el banquillo de los acusados este mismo mes de enero durante la vista oral del caso Arona 1.
Dado que según la nueva ley podría correrse el riesgo de que la causa quedara archivada por sobrepasar los plazos estipulados, la juez decreta que se cumplen los requisitos para considerarla compleja. O lo que es lo mismo, que se analizan diversos hechos punibles, se involucra a gran cantidad de investigados o víctimas,y se requiere el análisis de abundante documentación. Por ello, se otorga un plazo de un año y medio, prorrogable, para concluir la instrucción, período que se podrá interrumpir en caso de decretarse el secreto de sumario o el sobreseimiento.
El PGO de Arona ha quedado ya anulado en la vía contencioso administrativa por cuatro sentencias firmes del Tribunal Supremo (TS), debido a que en su momento no se incluyó la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Pero además, en esta causa penal se ha imputado a todos los miembros del pleno de la Corporación que en 2008 votaron a favor (CC-PP-CAN) a pesar de la existencia de informes jurídicos que advertían de que el documento se había modificado y de que no se llevaron a cabo las subsanaciones exigidas.
Uno de los dictámenes correspondía a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento y en el mismo se contemplaba que los cambios hechos “se han excedido de lo permitido, constituyendo una verdadera modificación del plan”. Y todo ello después de que la Comisión de Ordenación del Territorio de Canarias (Cotmac) ordenase una serie de correcciones al planeamiento en 2006. Finalmente, en 2010 se llevó a cabo una aprobación parcial que luego ha sido repetidamente anulada por los tribunales.
A esta presunta irregularidad se suman las 131 licencias urbanísticas concedidas entre 2006 y 2011, “sin respetar los trámites establecidos adoptando decisiones contrarias a las que en derecho procedían”. Finalmente se acordó separar dentro del caso 'Arona 2' por un lado la aprobación del PGO y por otro la concesión de permisos, con el fin de agilizar la causa.
