Coalición Canaria repite la operación de Las Teresitas en el Cabildo de Tenerife: paga un sobreprecio del 524% por unos terrenos y el interventor denuncia ante la Fiscalía

Como si fueran parcelas de las calles del Castillo o del Pilar, dos de las principales vías de Santa Cruz de Tenerife. El Cabildo insular, bajo la presidencia de Coalición Canaria, compró en enero de 2012 por 18,9 millones de euros dos fincas propiedad del CD Tenerife y de la empresa NAP de África Occidental SA, ubicadas en la ciudad deportiva de Geneto, cuyo preció se infló mediante una tasación que elevó el coste un 524% por encima del valor de mercado. Una operación que ha sido denunciada por el interventor general de la Corporación, Antonio Messía de Yraola, por la posible existencia de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y administración desleal ante la Fiscalía Provincial, que ya ha abierto diligencias preprocesales de investigación; la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas. 

La tasación fue encargada a Tinsa, la tasadora de cabecera de CajaCanarias, principal acreedor del CD Tenerife en el momento de la operación, y elaborada por el aparejador Javier Risco Ceniceros, uno de los técnicos que firmó el dictamen sobre el valor de los terrenos en el mayor caso de corrupción urbanística de la capital tinerfeña, la compraventa del frente de playa de Las Teresitas. Una operación, tildada por la Fiscalía como “un pelotazo de libro” de más de 100 millones de euros, que se saldó con condenas de cárcel para, entre otros, los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González y el exalcalde Miguel Zerolo.

La compra de las dos parcelas de la ciudad deportiva tuvo una importante repercusión mediática en 2012, ya que permitió al CD Tenerife sanear parte de la deuda que oprimía la salud financiera de la entidad. El club recibió 13 millones, mientras que los 5,9 millones restantes fueron a parar a la empresa NAP, cuyo 45% pertenecía entonces al Cabildo y el 55% restante a capital privado. En la tramitación administrativa, según el informe del interventor, firmado el pasado 9 de octubre y al que ha tenido acceso Mírame Televisión, se han detectado numerosas irregularidades y anomalías que podrían ser delictivas. En el momento de la operación, la Corporación insular estaba dirigida por Ricardo Melchior, que un año y medio después dejó la presidencia en manos de su número dos y responsable hasta entonces, entre otras, de las áreas de Economía y Competitividad, Carlos Alonso.

La historia de la ciudad deportiva del CD Tenerife se remonta a 1997, cuando la entidad adquirió un total de 90.000 metros cuadrados de suelo en San Bartolomé de Geneto, en el municipio de La Laguna, para levantar el nuevo complejo. Las obras de la primera fase se desarrollaron entre 1999 y 2002 en una parte de los terrenos comprados cinco años antes. En 2005 se subastó otra parcela que ocupaba un tercio del total, de unos 30.000 metros cuadrados, pero el procedimiento quedó desierto.

En 2006, un grupo de importantes accionistas del club crea Tenerife Inversiones y Proyectos Deportivos SA para comprar, por 16 millones, los terrenos que no lograron enajenarse mediante subasta un año antes. La operación se financió a través de CajaCanarias. Entre los impulsores de la iniciativa figuraban destacados representantes del sector privado en Canarias, como el propio presidente de la entidad, Miguel Concepción; Amid Achi; Juan Fuentes Tabares; Pedro Suárez o Conrado González.

La nueva sociedad propietaria segregó la parcela en dos: que pasó a dividirse en una finca de 17.442 metros cuadrados y otra de 13.258. En 2007, la también conocida como Promotora del CD Tenerife vendió la más grande por nueve millones a la empresa mixta NAP de África Occidental-Islas Canarias SA, que se hizo con el suelo bajo el pretexto de ubicar un nuevo centro de datos que, finalmente, se llevó a Granadilla.

En 2011 comenzaron las negociaciones de la Corporación insular con Tenerife Inversiones y Proyectos Deportivos SA para comprar la parcela de 13.258 metros cuadrados, pero antes de cerrarse la operación, que también incluyó la adquisición de la finca propiedad del NAP, la empresa se fusionó con el CD Tenerife, que pasó a cargar con la deuda que la Promotora arrastraba con CajaCanarias. 

El Cabildo desembolsó por los terrenos 18,9 millones, de los que trece fueron a parar al club y 5,9 a la empresa mixta NAP de África Occidental-Islas Canarias SA, que recibió tres millones menos del precio que había pagado cinco años antes. Trece meses después, la Corporación insular se hizo con el paquete de acciones privadas del NAP, que suponían el 55% del total. 

Con el pelotazo, los empresarios del CD Tenerife, a través de la Promotora, cerraron en seis años un negocio de 22 millones, con una inversión inicial de 16 millones, sin mover una piedra. Todo gracias a la colaboración del Cabildo insular y de CajaCanarias, Banca Cívica desde 2010, que financió la operación y tasó los terrenos. 

Irregularidades

La primera grieta detectada por el interventor se encuentra en el precio que pagó la Corporación insular por los terrenos. La tasación fue encargada a Tinsa, la tasadora de cabecera de CajaCanarias, principal acreedor del CD Tenerife en el momento de la operación, y elaborada por el aparejador Javier Risco Ceniceros, uno de los técnicos que firmó el dictamen que infló el valor de los terrenos del frente de playa de Las Teresitas. Según el informe del funcionario, fechado el pasado 9 de octubre, la cantidad abonada por el Cabildo “representa un incremento del 524%” con respecto al valor catastral de las parcelas en 2017.

El principal responsable de fiscalizar el gasto del Cabildo de Tenerife concluye que la tasación de Tinsa, cuya validez había caducado dos meses antes de la operación, “no reunía los requisitos mínimos para servir de base a la adquisición”. El interventor explica en su escrito que los valores catastrales utilizados en el trabajo de Tinsa “se sitúan en torno al 50% del valor de mercado”. 

Para llegar al precio final que aceptó el Cabildo, según relata el funcionario, la tasación utilizó como referencia valores de las vías más céntricas de Santa Cruz de Tenerife. El informe asevera que se usaron como testigos datos de las calles del Castillo, del Pilar o Valentín Sanz; a pesar de que los terrenos adquiridos se encuentran a 12 kilómetros, en San Bartolomé de Geneto.

El interventor también encuentra irregularidades relacionadas con el papel que jugó la empresa NAP de África Occidental SA, que en 2007 compró por nueve millones a la Promotora del CD Tenerife una de las dos parcelas que después se vendieron al Cabildo insular. A pesar de tener cerca de 4.000 metros cuadrados más que la otra finca, los terrenos se pagaron más baratos, 5,9 millones frente a 13 millones; es decir, tres millones menos de lo que costaron cinco años antes. Trece meses después de la operación, la Corporación insular adquirió, a través de la sociedad Instituto Tecnológico de Energías Renovables, la totalidad de las acciones de NAP.

Según las conclusiones del informe del interventor, “los precios de las compraventas realizadas por el NAP, y la posterior compra del ITER de las acciones que ostentaban los empresarios privados que participaban en el accionariado del NAP, suponen un perjuicio que se irroga al capital público de la sociedad”. 

El desequilibrio financiero que la operación provocó en las cuentas de la empresa pública Parque Científico y Tecnológico, la sociedad que utilizó el Cabildo para canalizar la compra, también encendió el semáforo rojo en la Intervención General. En su escrito, Antonio Messía de Yraola argumenta que la subrogación “en los préstamos hipotecarios que gravan las dos fincas se efectúa con la omisión de un trámite preceptivo esencial, cual es la autorización previa del Cabildo de Tenerife”. Un extremo que, en opinión del funcionario, supone una “inobservancia de los elementales principios de prudencia y buena gestión financiera y, por ende, el principio de buena administración”.

Además de las sospechas por la posible comisión de tres presuntos delitos, que ya investiga la Fiscalía Provincial, el interventor también considera que puede existir responsabilidad contable por existencia de alcance, de ahí que el informe también haya sido remitido a un organismo como el Tribunal de Cuentas.

Otro de los agujeros de la operación está relacionado con la falta de procedimiento administrativo ajustado a la legalidad. No se tramitó el correspondiente expediente de licitación y “no concurrió ningún supuesto que facultara la posible adquisición”, asevera el interventor. El informe añade que tampoco se justificó “el requisito esencial de la causa, deviniendo innecesaria la adquisición realizada por Parque Científico y Tecnológico de Tenerife”.

En las declaraciones que recoge la hemeroteca de los representantes políticos de la época siempre se repite el mismo discurso oficial: los terrenos se iban a destinar, en un principio, a un centro de datos vinculado al NAP, pero al final se optó por ubicarlo en Granadilla. Después se utilizó el recurso de justificar la compra para levantar un parque tecnológico, pero los bloques del nuevo complejo se posan sobra unos terrenos de Cuevas Blancas, lejos de la ciudad deportiva. La última opción que se vendió a la opinión pública fue llevar a cabo una posible permuta para que el suelo fuera aprovechado por la Universidad de La Laguna, pero tampoco ha prosperado. Los terrenos de Geneto siguen sin uso ocho años después de que el Cabildo de Tenerife desembolsara casi 19 millones mediante una operación urbanística a la que ahora envuelven las sospechas.