Desmantelan una red de estafas inmobiliarias en el sur de Tenerife
El Equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife ha prestado apoyo a los Carabinieri de Albenga (Italia), que en una comisión rogatoria internacional dirigida por el juez titular de la investigación, se personaron en Tenerife los días 13 y 14 de octubre a fin de detener y obtener pruebas de cargo de una importante organización criminal cuyo principal responsable operaba desde la isla.
Así, se registraron una inmobiliaria, Lupain Properties, y un domicilio, y se detuvo al máximo responsable y se imputaron a cinco personas, todos acusados de una estafa superior a los dos millones de euros.
Los agentes españoles colaboraron en cinco interrogatorios realizados en el sur de Tenerife, y el juzgado de Arona, que conocía de la comisión rogatoria, también bloqueó las cuentas corrientes utilizadas por la organización. El servicio realizado por los Carabinieri de Albenga fue concluido tras más de un año de complejas investigaciones comprobando que su principal cabecilla operaba desde Tenerife.
Las comprobaciones realizadas desde junio de 2014 sobre una serie de transferencias realizadas a través de money transfer por varias personas ancianas, en algunos casos de más de 80 años, permitieron aclarar en poco tiempo los detalles de una serie de estafas cometidas en Tenerife, informa la Guardia Civil en un comunicado.
Las víctimas, personas con intención de vender sus propiedades inmobiliarias en Canarias, se dirigían a la agencia inmobiliaria Lupain Properties, de Los Cristianos, pero en realidad, eran desviadas a miembros de la organización que, fingiendo ser compradores o intermediarios, les convencían para que estipularan contratos de venta y, en algunos casos, realizaran la consiguiente inversión, obviamente falsa.
En realidad, al acercarse el momento de recibir el dinero de la venta o las inversiones, las víctimas empezaban a recibir llamadas de varios bufetes inexistentes, faxes y solicitudes de distintas entidades, o incluso falsas sentencias de tribunales extranjeros creadas ad hoc.
En dichos documentos se les conminaba a pagar impuestos y gastos diversos para poder recuperar el dinero que, según decían, estaba bloqueado en el extranjero debido a presuntas quiebras.
Las estafas comprobadas, que de momento no son más que una pequeña parte, han proporcionado a la organización criminal desde 2005 hasta hoy un beneficio de más de dos millones de euros, con ingresos mensuales de más de 15.000 euros, que pagaban las víctimas a través de servicios de money transfer, como MoneyGram, y en algunos casos ingresaban en cuentas corrientes españolas.
La organización disponía de un gran número de teléfonos españoles, utilizados exclusivamente para las estafas, presentándose bajo nombres inventados, como el intérprete Billy Pontoni, el funcionario de la Embajada señor Madera, el comercial Rudolph Cabral, los abogados Pietro Giglio y Maria Grazia Bono, el administrador de Greystone Corporation Marco Lippman, o el encargado de una agencia de viajes, Giacomo De Angelis.
El presunto responsable de la organización Emanuele Galassi, utilizaba un chalet con piscina y vistas a la costa de Adeje con un alquiler mensual de 2.000 euros.
Tanto la Guardia Civil como los Carabineri han logrado desarticular una organización criminal compuesta por Emanuele Galassi y Massimiliano Madonia, promotores y jefes de la organización, residentes en España, indocumentados y, a todos los efectos, auténticos “fantasmas”, apunta el instituto armado.
Las otras personas que formaban la red son Giordano Dell'Otto y Alessandro Tisci, miembros de la organización que actuaban en Italia como enlace con las víctimas. Riccardo Spartá era el encargado de reclutar nuevos afiliados utilizados por la organización para reciclar el dinero procedente de la estafa por medio de servicios de money transfer, con el fin de ocultar su procedencia.
Otros 12 individuos actuaban como cajeros de la organización, quedando todavía varias personas aún sin identificar. En total, la investigación ha durado un año, se ha localizado a 11 personas estafadas, se ha comprobado un daño patrimonial total de dos millones de euros y se han bloqueado seis cuentas corrientes.
