La Fiscalía pide imputar a los promotores del centro comercial de El Camisón por un presunto delito contra el territorio

La denuncia penal presentada por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife por la construcción del centro comercial de El Camisón, en el municipio de Arona, dirige el punto de mira sobre los responsables de la promotora del edificio, la sociedad Melisofi Consulting SL. Así consta en el escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Mírame TV, que en la fase inicial de la causa pide la declaración en calidad de investigados del administrador de la sociedad, Diego Sebastián Cano, y de su apoderado, Marco Pasio, por un presunto delito contra la ordenación del territorio.

La fiscal Francisca Sánchez mantiene abierta la puerta a que, una vez avance la causa penal que tramita el Juzgado de Instrucción Número 1 de Arona, se cite “bien como imputados o bien como testigos” a los concejales y técnicos que permitieron la construcción del conocido como Artslife & Shopping. En las diligencias figuran como denunciados el edil Luis García y el jefe de Disciplina Urbanística, el arquitecto Damián Hernández. 

Ante la complejidad técnica de la investigación, antes de comenzar con los interrogatorios, la Fiscalía quiere que el Juzgado encargue una prueba pericial que aclare las presuntas ilegalidades cometidas en la construcción del centro comercial. El edificio invade zona de dominio público y servidumbre de protección, además de incumplir el Plan General de Ordenación (PGO) y el resto de instrumentos urbanísticos municipales, según han puesto de manifiesto diversos informes técnicos que obran en la causa.

El escrito de Francisca Sánchez plantea la necesidad de que la prueba pericial arroje luz sobre los incumplimientos que se han detectado en la construcción, que fue precintada en el verano de 2017 sin que, al menos hasta el momento, se haya restablecido el orden jurídico perturbado. La fiscal considera que “de la amplia y abundante documentación” se desprende que la promotora ha llevado a cabo actuaciones urbanísticas “excediéndose de la licencia de obra mayor” concedida por el Ayuntamiento. Para el Ministerio Público es importante aclarar, antes de que se produzcan las primeras citaciones, si las ilegalidades detectadas pueden ser subsanables o no.

La denuncia recuerda que el proyecto inicial, en base al que se concedió la licencia municipal, fue modificado y ejecutado “en previsión de la inminente aprobación del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Arona”, el conocido como PMM de Los Cristianos. La clave es que el nuevo instrumento de ordenación nunca llegó a entrar en vigor porque, como recuerda la fiscal, “el Consejo de Gobierno autonómico, en su sesión de 28 de enero de 2018, había desistido de su tramitación visto el recorrido judicial que seguía el PMM de Adeje”, anulado por los tribunales.

Lo que tiene claro la Fiscalía es que el edificio ejecutado se levantó en base a unos parámetros urbanísticos que no existían, dado que el PMM no se había aprobado, lo que obligaba a la promotora a ceñirse a la licencia inicial y a las directrices del PGO vigente. Unos hechos que fueron reconocidos por la propia empresa en un escrito remitido a la Demarcación Provincial de Costas. De ahí que las primeras imputaciones se soliciten para los responsables de Melisofi Consulting SL.

El administrador de la promotora, Diego Cano, admitió en el programa Trópico Distópico, de la Televisión Canaria, que “me he equivocado en muchas cosas con este proyecto, al fiarme de las promesas de las figuras políticas”. De momento, la posible responsabilidad de los concejales y técnicos pende del resultado de la prueba pericial solicitada.

Obras sin licencia

La denuncia presentada por la Fiscalía, tras seis meses de una investigación abierta de oficio por el Ministerio Público, realiza un repaso a los hechos acaecidos desde que la parcela era propiedad de una particular, que después la traspasó a Melisofi Consulting SL, hasta la actualidad. En el relato se recuerda que, además de las presuntas ilegalidades en la construcción, también existen diferentes expedientes abiertos contra la promotora por realizar obras de urbanización sin licencia e invadir la zona de dominio público marítimo-terrestre. La empresa, incluso, llegó en varias ocasiones a saltarse sin permiso los distintos precintos llevados a cabo por las autoridades municipales.

El Ayuntamiento mantuvo durante años el edificio precintado sin llegar a ejecutar las distintas órdenes para restablecer la legalidad dictadas por el exconcejal de Urbanismo, Luis García. Una pasividad que detonó una guerra política interna entre el alcalde, José Julián Mena, y el edil, lo que provocó un cruce de denuncias y una brecha que a día de hoy sigue abierta. 

A pesar de las distintas acusaciones manifestadas por el exconcejal de Urbanismo, que acudió a la Fiscalía tras ser destituido en junio de 2020, la única cuestión que ha derivado en una causa penal es la construcción del centro comercial de El Camisón. En los últimos meses, el Ayuntamiento ha reactivado los distintos expedientes abiertos contra la promotora, a la que ha impuesto dos sanciones por realizar obras sin licencia que alcanzan los 220.000 euros. También ha ganado la primera batalla del contencioso abierto por Melisofi Consulting SL, tras lograr que el Juzgado rechazara las medidas cautelares solicitadas por la empresa y mantuviera el precinto del edificio mientras se resuelve el fondo del pleito.

El Artslife & Shopping se encuentra ubicado entre las playas de Las Vistas y de El Camisón. Inicialmente fue promocionado por el empresario Diego Cano como un proyecto de divulgación científica, pero desde el principio la intención de los promotores era construir un centro comercial y de ocio. El proyecto básico inicial contemplaba un total de 21 locales, una gran sala para eventos, denominada La Perla Negra, un club de jazz y 59 plazas de aparcamiento.

En la actualidad, según los expedientes municipales, el edificio cuenta con una planta de más sobre lo permitido en la licencia inicial, además de que se excede de la superficie autorizada al invadir los distintos retranqueos fijados por la normativa urbanística municipal, entre otros incumplimientos detectados.