Goteo de recursos contra el Plan General de Santa Cruz
Pese a que cerca del 70 por ciento del suelo urbano de Santa Cruz sigue sin contar con nuevo Plan General de Ordenación (PGO), lo cierto es que la aprobación parcial de este documento ya ha recibido al menos seis recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por parte de otras tantas empresas. En primer lugar están los promotores del Plan Parcial El Partido II, quienes, a falta de conocer en profundidad la apelación presentada, ya anunciaron en su día que pedirían una indemnización de 30 millones de euros en concepto de derechos adquiridos al no poder construir en la urbanización prevista de 1.000 viviendas en pleno centro de Santa Cruz. El enclave también conocido como Montaña Fumero está situado justo detrás de las ramblas y concretamente a la altura de la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife (COACTFE).
Los técnicos de la Dirección General de Urbanismo concluyeron en su informe sobre el PGO de 2010 que esta urbanización debe quedar en suspenso ya que se sitúa en pendientes de más del 50 por ciento. El veto del Ejecutivo implica que la prevista urbanización de 90.000 metros cuadrados se reduzca en 30.000, lo que supondrá abonar cerca de 800 euros por metro cuadrado de construcción. Aparte, el Ayuntamiento iba a recibir cerca de 10.000 metros cuadrados en cesiones obligatorias que ahora se verán también reducidas en la misma proporción. Por esta razón, la Corporación local deje de percibir tres millones de euros. Los propietarios acuden al TSJC con el fin de hacer valer los derechos de los que se consideran acreedores desde el año 1992, momento en el que se aprobó el planeamiento aún en vigor. En este documento ya se llevó a cabo una reducción significativa de la superficie a construir, que pasó de los 170.000 metros cuadrados iniciales a los 90.000 previstos hasta ahora.
Aparte la orden religiosa Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas también ha presentado un recurso por la situación en la que queda el edificio construido en el colegio La Salle. La Gerencia de Urbanismo expedientó a los religiosos por hacer un uso comercial de sus instalaciones y porque parte del nuevo edificio invade el espacio público. El Ayuntamiento ordenó al centro escolar en enero de 2012 que derribara parcialmente la ampliación para poder legalizar la obra. Precisamente, la orden religiosa defendía la legalidad del edificio porque así aparecía en una versión anterior del PGO, aunque no cumplía con las determinaciones del que está aún en vigor.
Pero, además, ha trascendido la presentación de otro recurso por parte de la empresa Puzolana y Áridos Tenerife SL, que opera en los alrededores de la Dársena Pesquera. Otro tanto ha ocurrido con dos de los promotores de la prevista urbanización que se iba a situar en Costa Cardón y que quedó luego anulada, Promociones Hábitat SA y Prodeca 2000, además de un particular. La empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) también ha recurrido a los tribunales para anular la ordenación de este enclave a través de un Plan Especial, tal y como defiende la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz.
