Una sanción de 8,5 millones sitúa al tomate tinerfeño al borde de la quiebra
La Asociación Provincial de Cosecheros Exportadores de Tomate de Tenerife (Aceto) deberá devolver 8,5 millones de euros que se corresponden a las subvenciones recibidas en concepto de compensación del tráfico aéreo y marítimo de los años 2002 y 2003. Así lo ratifica el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de Las Palmas de Gran Canaria, de manera que, si la sanción es refrendada por el Tribunal Supremo (TS), los cosecheros de Tenerife se situarán al borde de la quiebra, tal y como han denunciado en varias ocasiones.
La Delegación del Gobierno en Canarias en su día inició una inspección que concluyó en la obligatoriedad de que esta asociación y la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex) devolvieran las ayudas. El motivo principal es el incumplimiento de la obligación de justificación o que esta se realizó de forma insuficiente. “Como hemos expuesto, es verdaderamente difícil haber acreditado que exportar tomates costaba el doble, y pepino, el doble y medio, con respecto a las navieras independientes”.
El TSJC rechazó todos los estudios, informes y cálculos que presentó la Asociación y, por el contrario, acusó a este colectivo de “mala fe” por no haber dado a conocer los registros contables que permitieran identificar de forma diferenciada las partidas o gastos. Tampoco más tarde se justificaron los transportes mediante documentos que reflejaran la realidad de las operaciones y que avalaran el pago de los costes, “máxime cuando se responsabiliza a la administración de actuar movida por tan solo meras sospechas”.
El TSJC considera que el informe del Abogado del Estado opera con parámetros razonables y márgenes de seguridad y error lo suficientemente amplios. Por ello se cree que se llega con seguridad a la conclusión de que el coste del transporte obtenido como subvención dista hasta en un 100 por ciento del real o de mercado del transporte subvencionable, que incluye flete, las tasas portuarias y el recargo por el incremento del precio del combustible.
