Canarias y la ecotasa turística

En la pasada edición de Fitur (de 2018), los responsables políticos del archipiélago celebraban la llegada a Canarias de 16 millones de turistas (extranjeros y nacionales), un nuevo récord para la principal actividad económica de las islas.

Esta noticia, positiva en términos económicos, genera cada vez más inquietud en los sectores ambientalistas, preocupados por la sostenibilidad de nuestra tierra. Más allá de los consumos de recursos naturales, escasos en este territorio, se viene produciendo una masificación alarmante de los espacios naturales, con graves problemas de gestión.

Se trata de enclaves dotados de infraestructuras pensadas para la sociedad de hace varias décadas y, por lo tanto, hoy son insuficientes y se colapsan con suma facilidad. Además, muchos departamentos de la Administración pública se están viendo desbordados para tramitar a tiempo los expedientes derivados (autorizaciones, regulación y gestión) de los servicios que se prestan y a la vez para dar una respuesta rápida al usuario.

Se ha multiplicado (en tiempos de recortes de la contratación pública) la necesidad de reforzar el personal de vigilancia, inspección, atención al público... en el campo y en las infraestructuras de uso público. Como conclusión, tenemos menos recursos que en el pasado para gestionar el doble de trabajo y el triple de problemas.

Por otra parte, el consumo de recursos (agua, energía…) y el uso de viarios, infraestructuras y servicios por los turistas se han disparado, por no hablar de la generación incesante de residuos y aguas residuales que agravan los problemas ambientales.

El perfil del turista actual también ha evolucionado: tiene más y mejor información del territorio que visita, gracias a las TIC, a las redes sociales, y ya no se queda en los guetos turísticos, sino que quiere conocer los lugares más atractivos de las islas, sus parques nacionales, rurales y naturales, las playas más bellas y recónditas... Es un deseo legítimo y lógico, cuando además la promoción turística también se ha adaptado a ese perfil y ofrece estas experiencias, ya no solo playas para tostarse al sol.

Ahora bien, cuando el turista encuentra esos espacios idílicos masificados, congestionados de coches y personas, con residuos abandonados en miradores o senderos, sin vigilancia ni control, la experiencia se transforma en negativa. Rebasamos la capacidad de acogida de un lugar, entendida como la suma de sus capacidades de carga física, ecológica y psicológica, en puntos altamente demandados por los visitantes, tanto nativos como foráneos.

Por otro lado, no hemos conseguido que los beneficios económicos de la actividad turística se redistribuyan con mayor equidad y alcancen los espacios rurales y a su población, es decir, los que no tienen grandes hoteles ni apartamentos y soportan la parte negativa de que su territorio esté declarado como espacio natural protegido y, por lo tanto, sin posibilidad de rentabilizarlo.

Es decir, son objeto de visita constante por parte de los turistas, pero no reciben apenas ingresos de forma directa. Los autóctonos ven pasar fugazmente en guagua o en coche de alquiler a los turistas y no perciben en este tránsito posibles ventajas sino solo inconvenientes, con lo cual también estamos detectando los primeros indicios de rechazo social al fenómeno turístico. Causa cuando menos sonrojo la reciente reivindicación de algunos de los municipios más ricos y con mejores servicios del archipiélago solicitando mayores ingresos e inversiones de la comunidad autónoma.

Para responder a estos crecientes desequilibrios es fundamental la actitud de las administraciones públicas, que deben invertir y mejorar las infraestructuras básicas de los espacios rurales, territorios que tienden al envejecimiento y el éxodo rural, agravando el problema y condenando las posibilidades de futuro de la escasa población joven que aún permanece en las medianías insulares.

Es vital promover el empleo local, especialmente en el sector servicios, tales como alojamientos rurales, puntos de venta de productos locales revalorizados (La Gangochera en Anaga, por ejemplo), así como rentas complementarias para el propio sector agrario, para generar productos turísticos innovadores y respetuosos con el medio ambiente.

En definitiva, Canarias se encuentra en un momento en el que no hay que apostar por una mayor cantidad de visitantes cada año sino por traerlos mejores, ya que la capacidad de carga de este territorio limitado, frágil y fragmentado se desborda cada día más. Solo la apuesta decidida y clara por esta nueva orientación puede atenuar los impactos negativos crecientes de esta actividad y generar un verdadero desarrollo sostenible, tan habitual en los discursos y tan excepcional en la realidad.

Una medida que proponemos desde el sector ambientalista es la urgente puesta en marcha de una ecotasa que grave las pernoctaciones de los turistas y otros servicios, con carácter finalista, y que a su vez aporte recursos a los espacios y poblaciones que no se benefician de la riqueza directamente generada por esta actividad económica, permitiendo así mejorar las infraestructuras obsoletas e insuficientes de nuestros espacios naturales, con el aumento del personal dedicado a la vigilancia y el control, el mantenimiento de los senderos y caminos públicos que forman parte importante del patrimonio histórico, la mejora de la prevención en accidentes en la naturaleza. También con medidas para evitar incendios forestales, ayudas a la desalación y depuración, la introducción de las energías renovables, la mejora de las comunicaciones en los espacios rurales remotos...

En esta línea, hay que insistir en que el turismo es una actividad económica que puede ser (y debe ser) gravada de forma específica, lo que está en conexión con los principios constitucionales que regulan nuestro sistema tributario y además permite dirigir esos recursos hacia la protección del medio ambiente, otro mandato constitucional, por cierto.   

Somos conscientes de que este tipo de tasas turísticas generan controversia y una radical oposición por parte de los poderes económicos, tan poco amigos de nuevos gravámenes del tipo que sean, aunque ya se estén aplicando en lugares como Barcelona, Baleares, Ámsterdam, norte de Italia, etcétera.

Por supuesto, es vital que esa tasa turística no provoque problemas de gestión en el sector. Es decir, debe ser sencilla de recaudar (y controlar), sin que obligue a las empresas a incurrir en costes indirectos. Por lo tanto, necesitamos una Administración tributaria que esté a la altura. Aún más relevante es que el destino turístico se perciba por el turista como algo único, sin opciones alternativas. Esto es así porque la demanda de turismo de sol y playa es muy sensible a variaciones en el precio (en economía, se denomina demanda elástica).

Solo si logramos que la demanda sea más insensible a variaciones en el precio, se puede garantizar que la actividad del sector se mantenga y a la vez se obtenga una mayor recaudación por la tasa. El objetivo es que todos ganemos y no pierda nadie, y es posible.

Sin embargo, creemos que el fin primordial de la ecotasa no debe ser su mero carácter recaudatorio, sino el mensaje que transmite -tanto a nuestra sociedad como a la persona que nos visita-: nuestro territorio tiene un valor intrínseco que debe ser protegido incluso de la misma gallina de los huevos de oro (el turismo de masas), paliando los desequilibrios ambientales que genera, algunos muy graves.

De esta manera, se frenaría el rechazo que se está generando en algunos sectores de la población al turismo, tal y como ha ocurrido en lugares masificados como Venecia o Barcelona. Solo así podemos hacer realidad el anhelado desarrollo sostenible en Canarias, sin quedarnos solo en las palabras.

*Geógrafo y máster en Desarrollo Local por la ULL / Codirector del Aula de Turismo Cultural de la ULL / Representante de la FEDME en la Red Rural Nacional